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El Foro de las Mexiquenses

Horacio Duarte Olivares

Presidente estatal de MORENA

 

“No tenemos porqué seguir arrancándole concesiones a un estado al que no le preocupan las mujeres, no se va poder hacer nada hasta que no luchemos desde el poder”[1]. Esta es la principal conclusión vertida en el Foro “Estado de México, Estado Feminicida”, al que tuve la oportunidad de asistir por invitación de su impulsora, la diputada federal de Morena, Delfina Gómez Álvarez.

Del 15 al 17 agosto en el Senado de la Republica y Cámara de Diputados, pudimos conocer las luchas en favor de las mujeres en Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras y México, con la idea de retomar las experiencias e impulsar un nuevo paradigma que erradique el oprobio, la desigualdad, la inequidad, la injusticia social y la violencia contra las mujeres mexiquenses.

Bolivia es el claro ejemplo de la lucha desde el poder, tras la llegada de Evo Morales a la presidencia en 2006, se priorizó la lucha por la justicia social con la descolonización, pero también mediante un proceso importante de despatriarcalización. Luego esas luchas fueron traducidas en la legislación y en políticas públicas para romper condiciones de inequidad entre mujeres y hombres.

Estas fórmulas políticas del proceso de cambio en ese país permitieron la refundación de Bolivia como un Estado Plurinacional, ambas funcionando en sentido solidario de ese programa político. Ya el “Estado no es un ente sobrenatural, ni tampoco es el Leviatán de Thomas Hobbes, es sólo una hechura humana y su suicidio como maquinaria colonial y patriarcal, es el fondo práctico de la descolonización y la despatriarcalización”[2].

La idea de tomar el poder como una estrategia de cambio y no como una propiedad de la clase dominante, consiste en romper con todas las parcelas de poder que sustentan los postulados misóginos, siendo necesario delimitar el fenómeno social que se pretende erradicar. Por tanto, la lucha contra la violencia de las mujeres mexiquenses debe realizarse bajo tres principios necesarios: hacerse acompañar de todos los movimientos sociales, permanecer en movilización constante para hacer que se cumpla la ley, y que los líderes políticos nos asumamos como feministas.

Es claro que los feminicidios son un problema estructural, todos los mexiquenses somos víctimas de un mismo sistema, por eso la lucha de las mujeres debe acompañarse por la unión de todos los movimientos sociales: campesinos, indígenas, magisteriales, etc. Las condiciones históricas del Estado de México son las generadoras de una población con casi el 50 % de personas sumidas en la pobreza, primeros lugares a nivel nacional en homicidios, delincuencia, inseguridad, corrupción[3] y por supuesto primer lugar nacional en feminicidios[4]. Y éstos son crímenes de estado porque al fracturarse el Estado de Derecho, se favorece la impunidad y la corrupción.

Entender los feminicidios como problema estructural, obliga a denunciar el monopolio de los poderes de dominación, el enriquecimiento desmedido, los privilegios de pequeñas minorías, gobiernos mexiquenses que únicamente han transitado entre la negación del problema y la salvaguarda de la imagen pública de los gobernadores, ejemplo: Eruviel Ávila ha gastado mil 252 millones 900 mil 595 pesos en promover su administración e imagen, inversión mayor a los presupuestos para infraestructura, gasto social, vivienda, atención a personas con discapacidad y derechos humanos[5].

No sólo en el ámbito gubernamental, también aquellos poderes fácticos que ejercen formas autoritarias y violentas de opresión, provocando el desmantelamiento de la dimensión social y progresista del Estado. Las voces de mujeres feministas nos han gritado infinidad de veces que erradicar la violencia contra las mujeres no se cura con rezos ni oraciones religiosas, “implica ir a sus raíces estructurales y desmontarlas”[6]. Baste con darse una vuelta por la entrada de la catedral de San José en la ciudad de Toluca (orgullosa capital del estado), para contemplar con tristeza como en las iglesias la mujer sigue siendo oprimida ideológicamente como causa del pecado en un letrero que reza: ”No entres a este sagrado lugar con minifaldas, pantalones ceñidos, escotes inmorales o alguna otra forma de vestir que ofenda a Dios”. Entonces, erradicar la violencia de género consiste en la reconfiguración del mapa mental de la población completa.

Un segundo principio a cumplir es permanecer en movilización constante para hacer que se cumpla la ley. En 2011 se penalizó en la legislación local el delito de feminicidio pero no se dieron los elementos para la correcta investigación con perspectiva de género y derechos humanos. En 2015 después de muchas batallas contra el gobierno mexiquense, se emitió la Alerta de Género para 11 municipios del estado, pero no se materializaron en acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Mientras las mujeres del estado mueren asesinadas, sufren lesiones, sus hijos padecen las consecuencias de una violencia sexista, mientras son violadas, acosadas en el ámbito laboral, explotadas con salarios inferiores a los varones y su representatividad en el gobierno sigue siendo pequeña, la política mezquina del gobierno evade con programas emergentes la responsabilidad que le confiere el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La movilización social debe ser un mecanismo de lucha para sustituir la “Simulación de Alerta de Género” por una Alerta de Violencia de Género con el seguimiento a los casos de feminicidios; acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; reportes e indicadores de violencia contra las mujeres; la transparencia en los recursos presupuestales y su ejecución para hacer frente a la contingencia de alerta violencia de género.

Las resistencias que se oponen al cambio de ideología patriarcal son tantas y tan diversas, que un tercer principio es la exigencia de que los líderes políticos nos asumamos como feministas y trabajemos por lograr condiciones de igualdad. Padecemos un estado patriarcal sustentado en la falsa universalidad, por eso los líderes estamos obligados a recuperar la política como un medio privilegiado para lograr condiciones de igualdad, erradicar las exclusiones de género, la defensa del estado laico en la sexualidad, la defensa de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el respeto a la diversidad sexual, la defensa absoluta de los derechos humanos, erradicar la violencia contra las mujeres.

Ser líderes feministas nos compromete no solo a trabajar para garantizar democracia política, democracia económica y democracia social. También nos compromete a asumirnos como individuos no violentos y rechazar cualquiera de sus expresiones.

Celebro el trabajo que realiza la diputada mexiquense Delfina Gómez Álvarez por dos razones importantes: La primera es porque este ejercicio democrático fue un punto de encuentro para dar voz a los casi 9 millones de mujeres mexiquenses, que aun siendo mayoría poblacional, han sido relegadas durante años. La segunda razón tiene que ver con reconocer el trabajo digno que desempeña como mujer de izquierda con formas pacificas de gobernar para ir a la raíz de los feminicidios y desmontarlos. Estoy seguro que sus propias conclusiones sobre el foro, pronto serán transformadas en realidades desde el poder y me uno a esta lucha.

[1] Adriana Salvatierra Arraiza, senadora de Bolivia, ponente en el Foro Internacional, “Estado de México, Estado Feminicida”.

[2] Chivi Vargas Idon Moisés, “Descolonización y despatriarcalización en Bolivia, entre testimonio y acción de Estado”, 2011, consultado en http://www.minmujer.gob.ve/, el 22 de agosto de 2016.

[3] De acuerdo con Cifras del INEGI, en el Estado de México se cometen 62,160 casos de corrupción por cada 100,000 habitantes, colocándolo como la entidad con más actos de corrupción.

[4] En el último año, los feminicidios en el Estado de México crecieron en un 30%.

[5] Cifras de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México hasta mayo de 2015.

[6] Lagarde y de los Ríos, Marcela, “El feminismo en mi vida”; hitos, claves y topías, México, 2013, Instituto Nacional de las Mujeres, pág. 200.

 

Publicado originalmente en http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-08-30/67865/el-foro-de-las-mexiquenses

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Alerta de Simulación

Horacio Duarte Olivares.

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

postalEl pasado 28 de julio se cumplió un año de haberse emitido la Alerta de Género para 11 municipios del Estado de México por el alto número de feminicidios, sin resultados, pero con un incremento alarmante del 30 por ciento en los feminicidios respecto al año 2015. La Alerta de Género tiene como objetivo la emisión de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que busca enfrentar y erradicar la violencia feminicida, para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la legislación que agravia sus derechos humanos.

Su implementación consiste en: “establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para dar el seguimiento respectivo a los casos; implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; elaborar reportes sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia; y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, así como la zona territorial que abarcan las medidas a implementar”[1].

Esta exigencia deriva de la Sentencia de Campo Algodonero del 10 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que por primera vez obliga al Estado Mexicano a asumir su responsabilidad por los crímenes cometidos contra las mujeres, pero además condena la negligencia de las autoridades locales, obligando a los gobiernos a adoptar medidas de protección a las víctimas de violencia de género.

Sin embargo, el desacato a estas exigencias legales por parte de los gobiernos del Estado de México, tiene como resultado la ausencia de medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes pese al pleno conocimiento de la existencia y aumento del feminicidio que ha dejado a centenares de mujeres muertas, la carencia de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de mujeres, pero sobre todo la falta de una debida diligencia en la investigación de asesinatos por la ausencia de un protocolo de investigación con perspectiva de género y derechos humanos real[2].

Es peligroso y hasta nocivo, el desinterés de los gobiernos mexiquenses en proteger la vida de las mexiquenses, quienes a pesar de ser la mayoría poblacional no representan una prioridad para el gobierno, no son defendidas con el mismo ímpetu que defiende un programa de foto multas.

Las acciones emprendidas por la presente administración de Eruviel Ávila ha descansado en un decálogo emergente para “proteger a las mujeres”, que comprende: una campaña permanente de información contra los feminicidios pero no precisa cuando ni como operaría. La implementación en la Procuraduría del Estado de un grupo especializado para la Comisión de Asuntos de Alto Impacto, pero no se explica quiénes lo conformaría, ni bajo qué criterios. Se habla de la firma de convenios con 11 municipios en los que existe Alerta de Género para ubicar las áreas de mayor riesgo, cuando justamente la alerta de género en esos municipios se realizó por considerarlas peligrosas. Y lo más indignante, promueve la implementación de un programa de becas para los hijos de víctimas de violencia de género con la finalidad de que puedan estudiar una carrera universitaria, ¿por qué no empezar por garantizar la vida de las madres?

Este año ha servido para darnos cuenta que ninguna Alerta de Violencia de Género será efectiva a medias, evidentemente los municipios con zonas peligrosas para las mujeres son muchos más, pero se vuelve inoperante e inservible si se reduce a una disposición que se queda en el papel, sin voluntad política para contrarrestar los feminicidios, el gobierno de Eruviel Ávila le sigue mandando el mensaje a los mexiquenses de que la impunidad puede seguir matando mujeres sin el menor castigo.

(1) Artículo 23, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

(2) Apenas el pasado 22 de abril, el Estado de México instauró el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio, para dirigir las investigaciones de los agentes del Ministerio Público con nuevos criterios de investigación con visión de género.

Publicado originalmente http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-08-02/67135/alerta-de-simulacion

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La Ley Atenco: Medalla al Autoritarismo*

Horacio Duarte Olivares
Presidente Estatal de MORENA Estado de Méxicoimage

En el Estado de México conceptos como seguridad, paz, tranquilidad, justicia, derechos humanos, no se dan de manera genuina, existen en el papel y en los discursos oficiales, pero nada más. Así que las medallas por calidad humana, trayectoria profesional, apoyo, compromiso por el bien común, vocación de servicio, justicia, legalidad, no dicen nada, sólo indignan y avergüenzan.
La exposición de motivos de la recién aprobada Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, se intenta justificar en temas como: la protección, respeto a la vida, la integridad física, derechos humanos, mantener el Estado de Derecho, salvaguardar el orden, la paz pública y prevenir delitos. Lo de siempre. Palabras y más palabras.
Pero su objeto real es anular, menoscabar derechos y libertades. Integrada por reglas incompletas, artículos cuya redacción deja en secreto la aplicación del “orden público”, ausencia de controles, omisiones jurídicas, así como una gran discrecionalidad a favor de los elementos de seguridad pública.
En un régimen sustentado en la fuerza, la democracia está proscrita, por tres razones: la personalización del centro del poder, la búsqueda del control, la primacía de la colectividad sobre el individuo. Esto es manifiesto en la Ley Atenco por lo siguiente:
1) La personalización del centro del poder: se proyecta en la aprobación de la Ley Atenco por una mayoría abrumadora constituida por el PRI, PVEM, PRD, PAN, que sin reparar en la inconstitucionalidad de la Ley, privilegiaron las negociaciones políticas antes que la protección de los derechos humanos consagrados en la constitución federal. Al parecer, el texto del artículo 1 constitucional reformado en 2011 de nada sirvió para garantizar los derechos humanos de los mexiquenses. En dicha norma constitucional se lee “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
2) La búsqueda del control: el artículo 12 condena y prohíbe la resistencia pasiva. El artículo 14 permite el uso de la fuerza pública contra manifestaciones, multitudes, sin que exista fundamento constitucional para ello. Siendo desastroso lo dispuesto en el artículo 16, el poder calificar como ilegal una asamblea o manifestación y romper el vínculo de Mando Superior al dejar que el elemento operativo sea el responsable de la calificación de ilegalidad o no de una operación. Además, de acuerdo con el artículo 15 se podrá considerar una asamblea o reunión como ilegal, cuando se expresen “amenazas” hacia la autoridad.
3) La primacía de la colectividad sobre el individuo: en la búsqueda de coartar los derechos de libertad de reunión y expresión se han dejado en el olvido los supuestos por los cuales se lleva a cabo una detención. Se omite señalar que el uso de la fuerza debe presentarse de manera excepcional y limitada, como último recurso, orientada a garantizar condición para la convivencia y la seguridad ciudadana. El artículo 17 propone sutilmente las labores de espionaje e infiltración por parte de los cuerpos policiacos hacia los ciudadanos que ejerzan sus derechos de asociación y reunión. Por otro lado el artículo 23 valida la arbitrariedad permitiendo los desalojos, lanzamientos, embargos, sin acatar el debido proceso de parte de los afectados.
Si las normas de la Ley Atenco resultan inviables y afectadas por inconstitucionalidad, su aplicación bajo la discrecionalidad, puede ser fatal. Casos como Atenco en 2006 o Tlatlaya en 2014, recuerdan que la gobernabilidad de un estado es inexistente cuando el gobierno basa su actuación en la coacción y la violación del orden constitucional.
Esta Ley olvida incluir técnicas de solución pacífica de conflictos, deja de lado la participación de la sociedad en la supervisión del uso de la fuerza para la seguridad pública, no determina sanciones administrativas, civiles o penales, para el mando o elementos que incumplan con la obligación de denunciar exceso o uso ilegitimo de la fuerza ante la autoridad competente, no hay responsabilidad para mandos superiores y señala que sólo los mandos operativos tienen responsabilidad, dando lugar a la búsqueda de chivos expiatorios. ¿Dónde queda la responsabilidad de los mandos superiores? Frente a una acción represiva como en Atenco, ¿quién asumirá la responsabilidad política y quien podría ser juzgado por una acción represiva como esa? Dicha ley, busca eximir cualquier responsabilidad el gobierno en turno y delegar en los elementos de seguridad pública. La fórmula es maquiavélica: Gobernador y Presidentes Municipales sin responsabilidad, pero policías rasos responsables. Impunidad arriba, sancionados abajo.
En un escenario así, se reafirma la orfandad de derechos humanos, la mordaza en la boca, las ataduras de pies y manos a los ciudadanos. Por estas razones, Morena ha solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos que haga valer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la defensa de los derechos humanos de los mexiquenses, a través de la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad en términos del artículo 105 fracción II inciso g) de la Constitución Federal.
Es vergonzoso que pese al rechazo a esta ley desde los distintos sectores sociales, el gobernador Eruviel Ávila Villegas abrigue su obra y se escude en una opinión que pedirá a la CNDH para “suavizarla”. Por el bienestar de los mexiquenses y la preservación de la democracia, debe declararse la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Atenco”. No más medallas al autoritarismo.

*Publicado originalmente en Marcaje Legislativo. marcajelegislativo.info

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