Los insolentes agravios a los mexiquenses por parte del gobierno estatal han dado como resultado un descontento generalizado de miles de ciudadanos. Recientemente, las fotomultas ineficaces, los servicios de cabildeo para la empresa concesionaria OHL pagados con las cuotas de peaje, y en general, la necesidad de aclarar los programas y concesiones de carreteras, han acrecentado la urgencia de transparentar la cuenta pública para los contratos y concesiones.

El común denominador de estas causas es la certeza de que los mexiquenses quieren un cambio de raíz en la forma de hacer política, de acabar con una administración caracterizada por la corrupción, y demandar beneficios reales para los ciudadanos, materializados en políticas públicas transparentes.

Las políticas públicas se refieren a los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, con base científica, interdisciplinaria y al servicio de los gobiernos democráticos. (Laswell, 1951) Por ello, estas deben ser resultado de una acción colectiva intencional, y su curso debe estar marcado por los hechos reales que producen.

Es decir, no se trata de “hacer por hacer” políticas sin contenido ni sustento, sino tener la capacidad de detectar un problema público y generar el mejor curso de acción para afrontarlo y resolverlo. Ante los problemas ya mencionados, reconocerlos es una tarea necesaria, pero no suficiente.

Desafortunadamente, en el Estado de México se gobierna al tanteo, o por leyes o por planes, ¿a qué me refiero? Cuando se gobierna por leyes, hasta que se detecta el problema, “trata” de revertirse a través del marco jurídico que lo regula. Cuando se gobierna por planes, se da por hecho que el diseño de un proyecto por sí mismo solucionará el problema, pero da como resultado políticos sordos a las necesidades reales.

Si bien es cierto que el gobierno mexiquense se ha visto obligado a reconocer que el sistema de fotomultas que opera desde diciembre presentó “fallas técnicas” que provocaron sanciones erróneas a cientos de automovilistas[1], también es cierto el hecho de que no ha presentado soluciones de fondo, ni la revisión al marco jurídico. Tampoco se sabe bien el destino que tendrá su recaudación.

En tanto, el evidente problema de corrupción con la empresa concesionaria OHL, es una raya más al tigre de corrupción en México, su larga lista lo respalda. Dicha empresa pagó por lo menos 70 mil dólares a la firma de abogados DLA Piper LLP para que ésta representara sus intereses en el Congreso mexicano[2], pero lo más vil es que el pago se haya hecho con cargo a las cuotas de peaje del Circuito Exterior Mexiquense, aun cuando el circuito es deficiente en su esquema de seguridad.

Sumémosle a esto que la compañía constructora en mención ha estado involucrada en escándalos por fraude desde la construcción del Circuito Exterior y el Viaducto Bicentenario, durante los últimos tres gobiernos priistas.

A la fecha, el gobierno del Estado de México no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, los mexiquenses exigimos se transparente la ejecución de políticas, estamos hartos de los vacíos jurídicos y la discrecionalidad.

Se supone, que en el diseño de toda política pública debe estar el centro de su argumentación, justificarla con razones claras, transparentes y abiertas. Por supuesto que la autoridad lleva mano, pero no debería ser el único actor que intervenga en esto, requiere la participación activa de otros actores como los ciudadanos, en virtud de fortalecer el interés público. Tomemos como ejemplo el Distrito Federal, cuyos diputados de MORENA en la Asamblea Legislativa promueven acciones en contra del nuevo Reglamento de Tránsito, con amparos y apelando a la figura del plebiscito.

Ante este clima de corrupción, la agenda de MORENA en el Estado de México buscará asumir las luchas populares, la organización, la movilización, la información y la concientización, para combatir el régimen oligárquico y lograr la regeneración del Estado de México.

No estigmaticemos la consulta ni la participación ciudadana; la información y la transparencia son nuestro legítimo derecho como ciudadanos. El gobierno mexiquense no es un buen gobierno, porque todo buen gobierno está en virtud de una correcta planeación, y éste se está consolidando como el gobierno de políticas de recaudación fallidas.

[1] “Fotomultas irregulares en Edomex, por “fallas técnicas”, dice gobierno”, La Jornada, 7 de enero de 2016.

[2] “Contrata OHL servicios de cabildeo en EU con cargo a cuotas de peaje en Edomex”, Proceso, 11 de enero de 2016.