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¡Consultemos, por salud democrática!

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

¿Qué habría pasado si en el 2009, cuando la violencia escalaba a niveles altísimos, el número de víctimas crecía de manera exorbitante y el narcotráfico se le salía de las manos a Felipe Calderón, nos hubieran preguntado en una consulta ciudadana si continuaba en el cargo? Seguramente una mayoría arrasadora se habría manifestado porque no cumplió con su promesa de campaña de ser el presidente del empleo, sino uno que trataba de legitimarse con una guerra contra el crimen organizado.

Y de haber existido la revocación de mandato en 2015, ¿qué habría sido de Peña Nieto cuando su primer trienio evidenciaba la ingobernabilidad del país, los efectos negativos de las “reformas estructurales”, sobre todo, los inaceptables casos de corrupción? Es muy probable que una mayoría ciudadana hubiera votado en contra de esa continuidad después de conocer las maniobras del “Pacto por México”, la “Casa Blanca y las corruptelas con OHL, entre muchos otros.

En ambos escenarios, contar con la figura de revocación de mandato habría sido útil, pertinente y sobre todo, sano para nuestra democracia. Pero contrariamente, se tergiversó la idea del Estado de Derecho y la fragilidad institucional causó un daño evidente a la administración pública que hoy seguimos arrastrando.

En el pasado, los Presidentes tuvieron talones de Aquiles que no quisieron atender, confiados en la continuidad que aseguraba estar 6 años ininterrumpidos en el cargosin obligarse a rendir cuentas en serio, descansados en seguir calentando la silla presidencial y cuidar de camarillas, pues finalmente para los temas espinosos siempre hubo un show mediático, la impunidad y el olvido.

En esta última semana de noviembre en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobamos en lo general el Dictamen que reforma la Constitución Política para introducir la figura de revocación de mandato y también modificar la consulta popular.Con la finalidad de que la revocación de mandato pueda consultarse el día de la jornada electoral federal en que sólo se eligen diputados federales  y las consultas populares puedan llevarse a cabo una vez al año el primer domingo de julio.

Esta introducción de la figura de revocación de mandato tiene una importancia sin precedentes porque el Presidente deja de ser una figura intocable y podrá evaluarse si continúa en el cargo o se va en su primer trienio.Pudiendo ser convocada tanto por el Congreso de la Unión activada por el Presidente de la República, o por una minoría parlamentaria del 33 por ciento, o al menos el 3 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Estas reformas por parte del legislativo al artículo 35 Constitucional, por primera vez en la historia eliminan cualquier rastro de laxitud política hacia el presidente de la república, porque someten al ejecutivo a la exigencia ciudadanasin asegurar seis años en el cargo, pudiendo ser vinculante cuando haya mayoría absoluta siempre y cuando concurran a esa votación al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Y por otro lado, la figura de consulta ciudadana se formaliza como instrumento para resolver controversias nacionales vía la decisión popular que no tuvimos en tiempos de la consulta energética, pero su relevancia estriba en que esta vez sí se abren las puertas de la consulta a la ciudadanía y no sólo a los poderes públicos, al establecer el 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal como requisito para convocarla.

Es innegable que vivimos un periodo de transición que requiere de muchos cambios y en el legislativo no queremos dejar pasar la oportunidad de brindar certeza al ciudadano, pero sobre todo ser consecuentes con las experiencias que nos dejó el pasado. Mejorar y ampliar las figuras de democracia directa son un trabajo del legislativo, pero sin duda la mayor prueba de fuego, su aplicación, la asumirá el Próximo gobierno federal con mucha valentía y disposición.

*Publicado originalmente en el periódico El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/consultemos-por-salud-democratica

 

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Adiós al CEO, bienvenido el Presidente*

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

La transformación de México fue una promesa de campaña por la que votaron más de 30 millones de mexicanos y deberá ser cumplida.Estamos a un par de semanas para que Andrés Manuel López Obrador asuma el poder del ejecutivo federal y con ello una nueva gobernabilidad, esto implica cambiar la concepción tradicional de los aspectos económico y político, pero también pasa por lo social y cultural.

El gobierno que se avecina rompe con el esquema tradicional porque sus objetivos son de transformación, si en el pasado grupos de poder asumieron el papel del ejecutivo como el CEO (administrador) de una empresa redituable llamada corrupción, este año millones de mexicanos le apostaron a un presidente.

Nuestra democracia endeble no había experimentado las facultades de un gobierno en serio, porque estaba sujeto al poder de unos cuantos. Perohoy se presenta la oportunidad de cambiar la economía política de la corrupción por el principio de la austeridad republicana, en fondo y en forma. Frente a esto,conforme van pasando los días, va arreciando la crítica hacia esta nueva concepción de gobierno,como una lógica resistencia de los promotores de un régimen de privilegios que no quiere terminarse, lo mismo en marchas contra la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que en especulaciones económicas tras la consulta popular, o la  desconfianza desmedida en las políticas futuras del presidente López Obrador.

Lo cierto es que,conla política de austeridad del próximo sexenio, por primera vez, se estará priorizando la erradicación y combate de la corrupción desde raíz y no post mortem, al instaurar el servicio público por vocación y no como negocio, dejando claro que los resultados de la administración pública federal no están sujetos a tener altos salarios y lujos excesivos.

Además de que la austeridad gubernamental es vista como una fuente de ingresos importante para instrumentar las políticas del próximo gobierno. Hace días, dimos un paso importante desde la Cámara de Diputados con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, comprobando que existe voluntad política de parte del legislativo para colaborar en este sentido. Dejando atrás los tiempos en que se legislaba mal y a la carrera para hacer negocios a costa del patrimonio del pueblo.

Pero incluso más allá del ahorro gubernamental previsto, esto exigirá una correcta aplicación de los recursos públicos en los programas sociales necesarios y transparencia absoluta en el gasto público. Con la política de austeridad, el ejecutivo federalestá mandando la disposición expresa hacia quienes serán los próximos funcionarios del gobierno federal y miembros del gabinete, a que asuman que la corrupción de ninguna manera funcionará como instrumento de una aparente gobernabilidad.Anteriormente, el CEO se vio obligado a omitir casos de corrupción como la Casa Blanca, HIGA y la Estafa Maestra por servir a intereses particulares y hubo muchos responsables sin castigo, pero ahora el ejecutivo está empeñando su palabra en dar respuesta a las verdaderas necesidades del pueblo mexicano.

En síntesis,el combate frontal a la corrupción será la fuente de legitimidad democrática del próximo sexenio y la que lo mantendrá viable, por lo tanto las instancias de control de la corrupción contarán con el respaldo político suficiente, que incluye no sólo a los tres poderes, sino a la sociedad civil y al sector privado.

En el pasado reciente, México pudo tener muchos CEOS, pero ahora sí tendrá un Presidente de la República.

*Publicado originalmente el periódico El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/adios-al-ceo-bienvenido-el-presidente

 

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Asumir los desafíos de la formación profesional en México*

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

Hace unas semanas la noticia del despido de hasta mil 500 trabajadores de Bancomer recordó la transformación que se avecina para el sector financiero ante el uso cada vez más común de las tecnologías. Sin embargo, la revolución tecnológica actual pone en peligro empleos que cumplen tareas de rutina lo mismo en el sector servicios, que en el comercio y el sector maquilador. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, el 52 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de México, equivalente a 28 millones 935 mil empleados, está en peligro de ser relevado por un robot, se estima que aproximadamente entre el 10 y 20 % de los empleados en las líneas de ensamble en la línea automotriz ya ha sido sustituido.

Ello exige la promoción de nuevas destrezas en todos los niveles productivos, sobre todo en áreas como ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Siendo necesario un mayor y mejor talento que pueda operar en este contexto de cambios tecnológicos que están alterando las formas de producción y comunicación.

La paradoja mexicana es que: Mientras el sector educativo avanza a pasos de caracol, el mercado laboral corre como un lince. Esto ha desembocado en que el 65 % de los empleos que tendrán los jóvenes mexicanos que hoy comienzan la educación media superior y superior, todavía no existen. (IMCO, 2017). Entonces, el gran reto es ¿cómo ayudar a que el sector educativo enfrente las condiciones del mercado laboral? La respuesta se encuentra en una nueva concepción de la formación profesional, para que las nuevas realidades de la 4ta revolución tecnológica se asuman como disruptores y no como destructores.

Debe repensarse la enseñanza no solo en términos de la educación obligatoria, sino la que fluye por vías alternas como educación continua, educación dual  y educación a distancia. Ya que en nuestro país impera una pésima asignación de recursos de fuerza de trabajo y ello obliga a resaltar la importancia de la capacitación para el empleo, apuntando en varias direcciones.

Primera, hacer una alineación curricular y pedagógica de acuerdo con los requerimientos del mercado laboral. La planeación de la oferta educativa debe guiarse con evidencia, identificando los planes de estudios relevantes y valorados por el mercado laboral. Pues una carrera que no asegura calidad y pertinencia en el mercado termina destruyendo la inversión del país y de las familias mexicanas. En términos prácticos, la inercia, la incapacidad y los obstáculos del sector educativo benefician a la industria de la educación, pero no a los alumnos que llegan a invertir cantidades estratosféricas en carreras que no les dan un empleo.

Segunda, atender la brecha cualitativa apelando a la inteligencia del mercado de trabajo. Actualmente no existen datos públicos para que los jóvenes mexicanos tomen decisiones informadas sobre su futuro educativo. Es impostergable impulsar la orientación vocacional, pero también valorar la pertinencia de una política de datos públicos en educación superior, que permita considerar con claridad la rentabilidad de las distintas carreras. Por ejemplo, se sabe que la carrera de estadística tiene un salario mensual promedio que ronda en los 16 mil pesos mensuales, una tasa de informalidad de 9.9 % y tan sólo una matrícula de 7, 962 estudiantes. En contraste con la carrera de psicología cuyo salario mensual promedio apenas ronda en los 9 mil pesos, pero tiene una tasa de informalidad de 29.9 % y una matrícula que ronda en los 174 mil estudiantes. (Cálculos del IMCO con información del INEGI, 2016-2017).De hacerlo, el camino sería menos pedregoso para aquellos jóvenes que estudian una carrera como psicología, pero se ven obligados a emplearse en un oficio como choferes. La sobre cualificación de puestos reduciría si se estudiaran las condiciones del mercado laboral.

Tercera, pensar en una política de trasformación pedagógica. Es claro que la primera causa de deserción escolar a nivel bachillerato es de tipo socioeconómico y de ahí la importancia del programa prioritario Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no debe olvidarse que la segunda causa de la deserción escolar es que los jóvenes siguen reprobando y ausentándose de clase porque se aburren en el aula. (ENDEMS, 2012). Por eso es vital impulsar más cursos que tengan que ver con actividades comercializables, además de la profesionalización de la función de vinculación e injerencia con personas que entiendan el mercado de trabajo en el plantel. Esto aparejado de una nueva gobernanza en los planteles para tomar decisiones acertadas en cuanto a la administración de los recursos.

Está visto que México puede beneficiarse de la revolución digital, es uno de los ocho países que más empleos podría generar en los próximos años. El Foro Económico Mundial ha reportado que en el futuro próximo la empleabilidad dependerá menos de lo que sabemos y más de nuestra capacidad de aprender, adaptar y ejecutar, incluso se espera que para 2020 tengan un mayor peso habilidades como la inteligencia emocional, capacidad de negociación y flexibilidad cognitiva. Las competencias valoradas por el mercado están cambiando y estamos obligados a escucharlas con atención al instrumentar las nuevas políticas públicas para México.

*Publicado en el diario El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/asumir-los-desafios-de-la-formacion-profesional-en-mexico?fbclid=IwAR2mDBifwj9en9g3I8UEVaaTF0z_-PVRFmgU4MAJhulLnJiN47o89agYktg

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¿Por qué sí, Jóvenes Construyendo el Futuro? *

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

A México le urge implementar una verdadera política de Estado en materia laboral que dignifique el valor del trabajo y aborde a fondo el tema del desempleo. Por ello, el próximo gobierno federal apostará como uno de los programas prioritarios del sexenio a “Jóvenes Construyendo el Futuro” a cargo de la STPS en colaboración con la SEP, con la finalidad de otorgar oportunidades de estudio y empleo a 2.6 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan.

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador no quiere renunciar a las obligaciones del Estado de hacer cumplir la Constitución, los derechos y la propia Ley Federal del Trabajo para garantizarlo. Quiere enfrentar cara a cara el grave problema de desempleo que en sexenios anteriores se utilizó como mero eslogan de campaña –piénsese en “el presidente del empleo”, la “changarrización” o “tu primer crédito” et al-.

Y la justificación parte de varios cuestionamientos fundamentales: ¿cómo es que llegamos a tener 2.6 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan?, ¿por qué nos quedamos cruzados de brazos sabiendo la existencia de ese bono demográfico?, ¿Por qué, si fue posible rescatar a banqueros no habríamos de rescatar a los jóvenes?

Hoy en día existe un gigantesco desperdicio de productividad, de ingresos, de bienestar y justicia social. Enfrentamos a una tasa de informalidad 62 % mayor en jóvenes que en personas mayores de 30 años. Aunado a que aproximadamente el 60 % de los empleadores en México tiene complicaciones para conseguir empleados con el perfil idóneo. Y esto es debido a las carencias en oportunidades para jóvenes, a las deficiencias en términos de formación educativa y formación para el empleo.

Por estas razones, se busca que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abone a un círculo virtuoso de la economía: Educación, formación, mayor productividad, más y mejor calidad de empleo. Porque existe la plena convicción de que si el gobierno no despilfarra dinero y comienza a invertirlo en la gente, el efecto multiplicador de la economía mexicana será mayor y podrá crecer el país. Parafraseando a Simón Levy, es cierto que la manera en como gastará el próximo gobierno el dinero público determinará junto con la actividad productiva cuánto va a crecer México.

De ahí la importancia en impulsar el programa más valiente del próximo sexenio, con una inversión sin precedentes de 110 mmdp para su primer año de vida, presupuesto similar al que se invirtió este año a 22 ramos de la administración pública federal, tales como la PGR, el Poder Legislativo, la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, STPS, SENER, Función Pública y el INEGI. Mismo que será elevado a rango de ley. Además, se espera que su implementación permita delinear claramente las reformas necesarias a la ley laboral y educativa.

Como es natural, al margen del programa, surgen cuestionamientos sobre los riesgos que conlleva. A lo cual cabe la sensata respuesta: el principal riesgo sería no comenzar.

1.- Sí a JCF porque asume el desafío de agrupar a los jóvenes mexicanos en esta iniciativa considerando la heterogeneidad poblacional y de las propias empresas, para elaborar una adecuada agenda de formación y colaboración.Creemos que con el programa sí se puede fortalecer el mercado interno, pero además abonar al plan de pacificación nacional vinculando a estos jóvenes en un esquema distinto de empleabilidad ante los desafíos macroeconómicos.

2.- Sí a JCF porque contempla convenios para la correcta colaboración entre las empresas participantes, las instituciones académicas, los tutores y aprendices. Además promueve una formación y evaluación periódica de calidad estableciendo parámetros claros.

3.-Sí a JCF porque se prevén mecanismos de formación y evaluación con base en el tipo de las empresas, los adecuados procesos de selección y evaluación para que no se sobrecargue burocráticamente el programa.

4.- Sí a JCF porque busca dotar de los incentivos adecuados a los jóvenes y empresas participantes, además de evaluar el tema de la certificación en términos de su valor en el mercado de trabajo.

5.- Sí a JCF porque hoy están puestas las condiciones para que las empresas y el gobierno federal entrante confluyan en esta iniciativa nacional, que redundará en una nueva formación educativa e incluso en una nueva cultura empresarial.

6.- Y finalmente, sí a JCF porque nunca convendrá seguir relegando a los jóvenes mexicanos a la categoría de ninis, de hacerlo condenaríamos a nuestra economía a un círculo vicioso de desempleo y al fracaso. Por eso decimos “Becarios sí, sicarios no”.

*Publicado originalmente en el periódico El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/por-que-si-jovenes-construyendo-el-futuro?fbclid=IwAR0IsUGfA60OlBSedhBRQVolSWRhXkF5cbQhcrwB1iGXO2DhtOtqoXhlsk0

 

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Morena propone una verdadera política social

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA en Estado de México

Desde tiempos remotos el hambre es usada para sacar provecho, innumerables relatos exponen la peor cara del ser humano cuando lucra con ella, recordemos ejemplos como: Jacob y Esaú, el Solidaridad con Salinas de Gortari, Oportunidades de Vicente Fox y Felipe Calderón, o el Prospera de Enrique Peña Nieto.

Pese a los diferentes programas sociales emprendidos por los gobiernos mexicanos para erradicar la pobreza, no se ha logrado disminuir desde hace casi 30 años, ya que el tema es visto desde entonces como un negocio, pero jamás como un tema de gobierno.

De acuerdo con el último informe del Coneval sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se concluye que dicho programa nacional de la Secretaria de Desarrollo Social, no cumple con el propósito central de empoderar a los beneficiarios, de responder a las necesidades identificadas, ni de ejercer contraloría sobre las acciones de la cruzada. Tan es así, que en febrero de 2015 salió a la luz pública un fraude masivo de 845 millones de pesos, encubierto por la entonces secretaria de desarrollo social, Rosario Robles. El número de pobres en México no ha disminuido, pero ha aumentado.

Además, llama la atención el nivel de complicidad de los gobiernos estatales para no atacar el tema de la pobreza, por ejemplo, Eruviel Ávila en su calidad de gobernador del Estado de México prefiere ir a comprar el voto con despensas en vez de implementar acciones en los municipios más pobres del estado. Cabe destacar que el municipio mexiquense de San Felipe del Progreso fue uno de los cinco municipios de referencia para medir el impacto de la Cruzada a nivel nacional, de éste se presume una reducción considerable en los niveles de pobreza, si esto es cierto, ¿por qué Peña Nieto manda a su operador electoral a ese municipio a hacer campaña, ahí donde bien sabe que puede lucrar? Este caso se replica en muchas entidades, el tema de la pobreza es sistemático, no hay intenciones mínimas de combatirla.

La atención a los más pobres y disminuir la desigualdad social en México, requieren un cambio estructural, en este sentido, el pasado 20 de noviembre en el Congreso Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador presentó los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, cuya prioridad es la atención a los más pobres y los desposeídos. Para lograrlo, México requiere de un gobierno democrático que garantice libertades, sin corrupción ni impunidad, en el que el presupuesto sea realmente público.

En estos días, los inversionistas de Nueva York y Londres han elogiado el discurso de AMLO por ser moderado en términos económicos, pero fundamentalmente por la exigencia en reducir la deuda del gobierno, no debe olvidarse que el objetivo de fondo de nuestro líder nacional siempre ha sido el mismo, el de hacer realidad la igualdad social y combatir la pobreza. López Obrador siempre ha sido claro: por el bien de todos, primero los pobres.

 

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10 años de guerra contra México

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

El 2006 será recordador por dos cosas: por ser el año en que se realizó uno de los fraudes electorales más desvergonzados de los últimos tiempos que, literalmente, le robó la presidencia de la republica a Andrés Manuel López Obrador. Y también será recordado como el inicio de la política más inútil de los últimos tiempos.

Este 11 de diciembre se cumplen 10 años del inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, un plan sin pies ni manos, implementado por Felipe Calderón Hinojosa para buscar dotarse de un mínimo de legitimidad ante el robo de la elección presidencial que lo hiciera llegar al puesto del ejecutivo. Hizo del combate al narcotráfico su tema de gobierno, a pesar de que ni siquiera había tocado ese tema en campaña.

Con el paso de los meses, se volvieron constantes los cuestionamientos y las críticas desde distintos posicionamientos, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, desde los partidos de oposición y desde la voz más grande la sociedad civil, quien resulta hasta la fecha la más afectada.

En este sentido y violando la soberanía nacional, el 30 de junio de 2008 como parte de la iniciativa Mérida, Estados Unidos entregó a México mil 600 millones de dólares de ayuda para su estrategia de “guerra contra el crimen organizado”. Los años siguientes, 2010, 2011 y 2012, se intensificó la violencia, comandos del ejército irrumpieron a lo largo y ancho de México y se descubrieron fosas clandestinas con cadáveres de migrantes, miles de muertos y desaparecidos. De acuerdo con datos del INEGI, al final del sexenio de Felipe Calderón, se contaba un saldo de 121 mil 683 muertes violentas.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, se siguió la misma línea de acción, aunque con un discurso diferente, éste lo denominó “lucha contra el crimen”, puso énfasis en una supuesta protección de la población, para tratar así de distanciarse de la guerra abierta contra los carteles de la droga implementada por su antecesor, pero en realidad el modus operandi fue exactamente igual, el ejército en las calles, el avispero del narco alborotado y una violencia incontenible. Uno de los peores escenarios se vivió en junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas a manos del ejército, por considerárseles sospechosos. Y tres meses más tarde, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa Guerrero.

Diez años han pasado desde el inicio de la guerra inútil de Felipe Calderón, seguida por Enrique Peña Nieto. Su plan deja hasta el día de hoy, más de 213, 000 muertos, se han presentado aproximadamente 12,408 quejas de derechos humanos y la estadística revela que el ejército mata a 8 personas por cada uno que hiere.

Han pasado 10 años y Felipe Calderón nunca obtuvo su deseada legitimidad y no se ha dado una batalla contra el crimen organizado, ni con él, ni con Peña. En cambio, comprometió todos los recursos y energías del país y nunca tuvimos claro quién era el enemigo real a combatir, no ha existido un repliegue a la violencia, no hay una disminución en el tráfico de drogas y se ha acentuado la violencia e inseguridad. Tenemos un Estado que no imparte justicia, no ofrece opciones laborales y no garantiza seguridad.

Pero todavía lunáticos panistas que sueñan con la presidencia de la república, como la esposa de Felipe Calderón, declara orgullosa “quiero que nuestros soldados y marinos regresen victoriosos a los cuarteles”. No puede haber victoria por encima del terror de la población, por encima de un saldo de miles de civiles muertos y desaparecidos, por encima de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los muertos de Tlatlaya Estado de México. En 10 años han hecho “la guerra” contra un enemigo indefinido, y todavía aspiran a preservarse en el gobierno, las necesidades del país son mucho mayores que cualquier interés político.

Conclusión, los efectos de la guerra contra el narcotráfico en México son tres y muy claros. Primero, una cantidad impresionante de muertos y desaparecidos sin sentido, con más muertes que Afganistán, Irak o Nigeria[1]. Segundo, en 10 años de guerra contra el narcotráfico el gobierno ha gastado un billón 138 mil 838 millones 971 mil 996 pesos que necesitan emplearse a inversión social. Tercero y el más revelador, cuando se habla de guerra se supone que los oponentes se encuentran en una situación de igualdad, pero la lucha contra los carteles de la droga no ha dado los resultados esperados, la violencia sigue incontenible pese a los enormes recursos destinados, entonces la guerra hasta el 2016, la va ganando el narco.

[1] De acuerdo con datos de ISS (International Institute for Strategic Studies), en 2015 el conflicto más mortífero del mundo fue el de Siria con 55,000 muertos, seguido de Afganistán con 15,000 muertos, después Irak con 13,000 muertos y finalmente Nigeria con 11,000 muertos.

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Tiempos de definiciones

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

Es normal tener en la presidencia de la republica a un hombre que llega el quinto año de “gobierno” reprobado por el 73 % de los mexicanos, por cuarto año consecutivo. Es normal, que el 90.6 % de los ciudadanos mexiquenses se sientan inseguros[1] en el lugar donde “gobierna” Eruviel Ávila.

Es normal que México sea el segundo país más desigual en América Latina y el único que no ha logrado combatir las desigualdades por tener gobiernos corruptos, desempleo a largo plazo y grandes disparidades entre los trabajadores[2]. Es normal que el salario mínimo haya transitado en este sexenio, de la pobreza a la miseria, y que apenas haya aumentado un 9.58 % para el 2017.

Es normal que México sea el país más corrupto entre los países de la OCDE[3]. Y también es normal que el Estado de México sea la entidad primer lugar nacional en incidencia de actos de corrupción[4].

Es normal que el sexenio de Peña lleve a cuestas 68, 082 homicidios dolosos. Igualmente, es normal que la crisis de derechos humanos, impartición de justicia e inseguridad en el Estado de México, le otorguen el título del estado homicida, feminicida, inseguro y represor.

Es normal que el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda en vez de comprobar las acciones del gobierno federal para combatir la pobreza y generar igualdad social, emita comentarios misóginos contra una diputada federal de Morena por cuestionarlo en su comparecencia, diciendo “yo no estudié psiquiatría para entenderla”. Y es normal que Eruviel Ávila desdeñe hechos nefastos en el Estado de México como los abusos de la policía estatal y ministerial contra la reportera Iris Velázquez del periódico Reforma, corroborando que aquí las mujeres tienen que defenderse solas.

Para el PRI y PAN, todo esto es absolutamente normal, su intransigencia los ciega, aplauden otro año de Peña porque le colaboran. Conspiran contra lo diferente, odian lo transparente, reniegan de la honestidad y satanizan la verdad. Hacen alianzas antinaturales, pactan, negocian, lucran. Roban de las arcas, compran con miserias, lucran con el hambre. Y así han planeado su trampa que buscan preservar por los siglos de los siglos.

Esta descripción es el México de los últimos 4 años, cuyo gobierno no tiene ideología ni proyecto serio, el sexenio para joder a México. Vienen tiempos de grandes definiciones para los ciudadanos, la oportunidad de dar paso a proyectos de gobierno dignos: En 2018, a un proyecto de nación muy superior a la mafia del “Pacto por México”; y en 2017 para el Estado de México, alguien “inmensamente mejor que los Del Mazo y las Josefinas”.

[1]INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),2016

[2] Reporte Desigualdad de Ingresos y Pobreza, OCDE, 2016.

[3] Índice de Percepción de Corrupción Transparencia Internacional, 2016.

[4] Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2016.

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