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Un becario Presidente

Horacio Duarte Olivares: Es  Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

“Yo pude estudiar por una beca, me da mucho orgullo recordarlo, yo llegué a estudiar la universidad, no tenía dinero, y viví en la casa del estudiante tabasqueño. Nos daban hospedaje y comida y por eso pude estudiar”. Recordó el presidente durante la presentación del programa de becas a estudiantes en Tejupilco, Estado de México.

Como este ejemplo por demás conocido a nivel nacional, infinidad de jóvenes mexicanos han podido ayudarse a culminar sus estudios gracias a una beca, con apoyos para manutención, transporte e incluso movilidad.

Hablar del valor social de una beca va más allá de la utilidad económica para los beneficiarios, tiene que ver con su desarrollo y su promoción en lo social y laboral, e incluso de sus propias familias.Un indicador claro de su impacto positivo es la prevención de la exclusión social, diversos estudios han demostrado que a mayor nivel de estudio y/o capacitación, existe mejor integración laboral.

Sin duda, el papel de la educación es la transformación social, una muestra de ello son las políticas de educación superior a partir del movimiento estudiantil de 1968.Como ha ocurrido en todos los grandes alzamientos estudiantiles de los últimos cien años en América Latina, sus participantes compartían una valoración positiva de la educación, entendida básicamente como una institución capaz de proveer herramientas provechosas para la interacción social en sociedades urbanizadas. Su resultado fue que para la década de los años 80, el Estado Mexicano comenzó una planeación de nuevas estrategias, entre las que se encontraba fortalecer las becas de educación superior.

La política nacional de becas del presidente confía en que una sociedad fortalecida debe responder gradualmente al problema de la conflictividad social.Busca el principio de igualdad de oportunidades, empezando por garantizar los derechos al trabajo y al estudio contenidos en la Constitución, enfatiza la necesidad de emparejar las condiciones de arranque, de promover la competencia entre individuos antes que cualquier otra competencia.

Históricamente las becas se han basado en una llamada “discriminación positiva”, que significa la compensación a individuos cuyos antecedentes se reflejan en características y condiciones que truncan las oportunidades formales de una igualdad real, primordialmente a estudiantes de bajos recursos. Pero hoy el reto del gobierno es aun mayor, nos toca atender a una mayoría poblacional que ha sido sistemáticamente excluida, sin oportunidades de estudio y empleo. En esta tarea, diría, vamos en caballo de hacienda, con la participación en el primer mes, de más de 40 mil empresas inscritas como tutores y más de un millón de becarios inscritos al programa de capacitación en el empleo.

Justamente por esta razón la política de becas del presidente camina en dos sentidos. Uno preventivo, el de las becas para estudiantes de nivel medio superior con las becas “Benito Juárez” y superior con las becas universitarias de “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Y otro de atención que camina hacia la capacitación en el empleo con “Jóvenes Construyendo el Futuro” a cargo de la Secretaría del Trabajo.

Sin miramientos podemos definir el valor de una beca como la correspondencia con el talento y el esfuerzo. Y ese reto lo asumimos en el sexenio. Hacer que los alumnos entren y permanezcan en la escuela, pero también que al concluir puedan tener un empleo.

El recuerdo de Andrés Manuel López Obrador en su discurso es una de las miles de historias de éxito que se esperan durante el sexenio. Efectivamente, el presidente fue un becario, y por supuesto que un becario puede ser el próximo presidente de México.

Publicado originalmente en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/un-becario-presidente?fbclid=IwAR03DNEgdU7bypUc38nGl59dvOFcjw0CtMcFa3bG2h_iyeamrH-o0mfdfDM

 

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Terminar con el país de la ordeña

Horacio Duarte Olivares: Es Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

Corrupción y abandono son dos ingredientes que al mezclarse propiciaron la extensión del huachicoleo desde por lo menos hace dos sexenios, uno de los negocios ilícitos más jugosos que representa pérdidas de aproximadamente 66 mil millones de pesos, pérdidas humanas y una base social importante en entidades como Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.

En ese sentido el gobierno de México ha delineado una estrategia de combate que consiste en: implementar estrategias de vigilancia, aumento de la capacidad de transportación de combustibles, aplicación de la ley, y como solución de fondo, un plan de bienestar social que atiende las entidades donde predomina esta práctica.

Una vez más, el sello particular del ejecutivo es una apuesta de actuación que no sólo recae en medidas coercitivas, sino en una estrategia social de fondo. En palabras del presidente un “80 por ciento del combate se centra en ofrecer condiciones de bienestar a la población y un 20 por ciento en la actuación judicial”. Estrategia que se explica a la luz de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan Hidalgo, con una buena parte de pobladores muertos y heridos, pero huachicoleros de alto rango que se albergan en la impunidad desde hace 40 años y deben combatirse.

Su aplicación es mediante un programa de desarrollo para 91 municipios por donde pasan los ductos de PEMEX, asegurando que ningún mexicano tenga la necesidad de dedicarse al robo de hidrocarburos. Buscando beneficiar a un millón 688 mil personas con programas sociales como pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, apoyos a pequeños productores agrícolas, tandas para el bienestar, becas para estudiantes y becas de capacitación para el empleo con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El objetivo esperado a largo plazo es que mejoren considerablemente los estados financieros de PEMEX durante el sexenio, y sobre todo, poder conjurar esta actividad ilícita que recluta personas al por mayor.

Desde hace tiempo Andrés Manuel López Obrador ya había delineado la agenda gubernamental a seguir cuando ganase la presidencia, razón por la cual, los mexicanos están cerrando filas detrás del presidente. Cerca de un 90 por ciento de ciudadanos a nivel nacional ha mostrado su respaldo a las acciones emprendidas por el presidente de México para combatir el huachicoleo. Más del 60 por ciento considera que las medidas aplicadas por el gobierno federal son las correctas y que la población debe confiar y tener paciencia en las medidas adoptadas.

Hoy los mexicanos tienen muy claras las medias de actuación del gobierno federal: Para para combatir la ordeña, debe detenerse el saqueo y la corrupción; para erradicarla deben eliminarse las excusas para el huachicoleo, garantizando el derecho al trabajo y el derecho a un ingreso suficiente.

Publicado originalmente en el periódico El Universal: https://goo.gl/Jf4DSs

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Salario digno y presupuesto responsable

Horacio Duarte Olivares: Es Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

Casi la mitad de los mexicanos todavía se encuentra en situación de pobreza, aproximadamente un 10 por ciento en pobreza extrema y dos terceras partes de la población son vulnerables por alguna carencia social, esto a causa de gobiernos que recurrentemente olvidaron sus responsabilidades sociales con los menos favorecidos.

Ya en los primeros días degobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy claro que la política económica a seguir es de tipo social e incluyente.Esto responde a la deuda histórica de acabar con el México de las contradicciones: el de la economía importante a nivel mundial, pero desigual en sus beneficios sociales; el de la población más trabajadora, pero la que menor salario percibe.

Dos acciones valientes están marcando la ruta a seguir del sexenio: la aprobación de un Presupuesto de Egresos Responsable para 2019 y un primer paso para la recuperación progresiva del salario mínimo. Dos signos característicos de un Estado eficiente, ya no asistencialista. Un Estado incluyente, no el de unos pocos. El México real, no el México ficticio.

La primera acción, tiene la finalidad de priorizar las políticas de bienestar social a través de la implementación de programas prioritarios, tal es el caso del aumento en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el de la Secretaría del Bienestar, para poder implementar los programas “Jóvenes construyendo el Futuro” y la pensión universal para adultos mayores y cooperativas y créditos sociales, respectivamente.

Esto acompañado de una disminución en el gasto corriente y un aumento en el gasto de inversión, eliminando la duplicidad de funciones en áreas y organismos, para destinarlo a programas de infraestructura que sirvan como detonadores del crecimiento económico. Además de la importante reducción en los salarios de los altos mandos en las instituciones públicas.

Y el segundo, tiene como finalidad la recuperación progresiva del salario mínimo, de manera responsable y sostenible. Esto para atender a los números nacionales que preocupan, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos representan el 44.6 por ciento de la fuerza laboral en México, y de estos, un 32.7 por ciento son informales.

Es decir, el reciente aumento al salario mínimo no es un riesgo como se ha vociferado sinsentido, sino una necesidad evidente que en esta ocasión histórica pudo atenderse gracias a que existen las condiciones necesarias entre el gobierno y la iniciativa privada para lograr consensos.Por lo menos desde hace 30 años el salario mínimo no se ha visto beneficiado por el crecimiento económico de manera natural, contrariamente se ha visto castigado sin consideración alguna.

El consenso logrado por la Comisión Nacional de Salarios mínimos, hoy propicia un salario mínimo general de 102.68 pesos y de 176.72 en la zona libre de la frontera norte, que significa priorizar a la clase trabajadora menos favorecida. Y es motivo de reconocimiento para el nuevo gobierno federal. Es cierto, no pueden echarse campanas al vuelo, pero con este paso se ponen los cimientos de un proceso de dignificación del salario, comenzando por ubicárlo con la línea de bienestar establecida por el Coneval, que redundará paulatinamente en un piso mínimo de bienestar para las familias mexicanas.

Se han puesto sobre la agenda dos aspectos vitales para una economía nacional sana durante el sexenio, las estrategias a seguir son mucho más profundas y amplias, lo sabemos. Pero indiscutiblemente, la base de su éxito tiene que ver con justicia y sensibilidad social, y esas dos premisas ya están trazando el camino.

Publicado originalmente en el periódico El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/salario-digno-y-presupuesto-responsable?fbclid=IwAR1XeD-elyFeZWCuBCExjh68HbZWviE6CRKiv2Pixwwi2JG8NzbDbeVgKZk

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¡Consultemos, por salud democrática!

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

¿Qué habría pasado si en el 2009, cuando la violencia escalaba a niveles altísimos, el número de víctimas crecía de manera exorbitante y el narcotráfico se le salía de las manos a Felipe Calderón, nos hubieran preguntado en una consulta ciudadana si continuaba en el cargo? Seguramente una mayoría arrasadora se habría manifestado porque no cumplió con su promesa de campaña de ser el presidente del empleo, sino uno que trataba de legitimarse con una guerra contra el crimen organizado.

Y de haber existido la revocación de mandato en 2015, ¿qué habría sido de Peña Nieto cuando su primer trienio evidenciaba la ingobernabilidad del país, los efectos negativos de las “reformas estructurales”, sobre todo, los inaceptables casos de corrupción? Es muy probable que una mayoría ciudadana hubiera votado en contra de esa continuidad después de conocer las maniobras del “Pacto por México”, la “Casa Blanca y las corruptelas con OHL, entre muchos otros.

En ambos escenarios, contar con la figura de revocación de mandato habría sido útil, pertinente y sobre todo, sano para nuestra democracia. Pero contrariamente, se tergiversó la idea del Estado de Derecho y la fragilidad institucional causó un daño evidente a la administración pública que hoy seguimos arrastrando.

En el pasado, los Presidentes tuvieron talones de Aquiles que no quisieron atender, confiados en la continuidad que aseguraba estar 6 años ininterrumpidos en el cargosin obligarse a rendir cuentas en serio, descansados en seguir calentando la silla presidencial y cuidar de camarillas, pues finalmente para los temas espinosos siempre hubo un show mediático, la impunidad y el olvido.

En esta última semana de noviembre en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobamos en lo general el Dictamen que reforma la Constitución Política para introducir la figura de revocación de mandato y también modificar la consulta popular.Con la finalidad de que la revocación de mandato pueda consultarse el día de la jornada electoral federal en que sólo se eligen diputados federales  y las consultas populares puedan llevarse a cabo una vez al año el primer domingo de julio.

Esta introducción de la figura de revocación de mandato tiene una importancia sin precedentes porque el Presidente deja de ser una figura intocable y podrá evaluarse si continúa en el cargo o se va en su primer trienio.Pudiendo ser convocada tanto por el Congreso de la Unión activada por el Presidente de la República, o por una minoría parlamentaria del 33 por ciento, o al menos el 3 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Estas reformas por parte del legislativo al artículo 35 Constitucional, por primera vez en la historia eliminan cualquier rastro de laxitud política hacia el presidente de la república, porque someten al ejecutivo a la exigencia ciudadanasin asegurar seis años en el cargo, pudiendo ser vinculante cuando haya mayoría absoluta siempre y cuando concurran a esa votación al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Y por otro lado, la figura de consulta ciudadana se formaliza como instrumento para resolver controversias nacionales vía la decisión popular que no tuvimos en tiempos de la consulta energética, pero su relevancia estriba en que esta vez sí se abren las puertas de la consulta a la ciudadanía y no sólo a los poderes públicos, al establecer el 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal como requisito para convocarla.

Es innegable que vivimos un periodo de transición que requiere de muchos cambios y en el legislativo no queremos dejar pasar la oportunidad de brindar certeza al ciudadano, pero sobre todo ser consecuentes con las experiencias que nos dejó el pasado. Mejorar y ampliar las figuras de democracia directa son un trabajo del legislativo, pero sin duda la mayor prueba de fuego, su aplicación, la asumirá el Próximo gobierno federal con mucha valentía y disposición.

*Publicado originalmente en el periódico El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/consultemos-por-salud-democratica

 

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Adiós al CEO, bienvenido el Presidente*

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

La transformación de México fue una promesa de campaña por la que votaron más de 30 millones de mexicanos y deberá ser cumplida.Estamos a un par de semanas para que Andrés Manuel López Obrador asuma el poder del ejecutivo federal y con ello una nueva gobernabilidad, esto implica cambiar la concepción tradicional de los aspectos económico y político, pero también pasa por lo social y cultural.

El gobierno que se avecina rompe con el esquema tradicional porque sus objetivos son de transformación, si en el pasado grupos de poder asumieron el papel del ejecutivo como el CEO (administrador) de una empresa redituable llamada corrupción, este año millones de mexicanos le apostaron a un presidente.

Nuestra democracia endeble no había experimentado las facultades de un gobierno en serio, porque estaba sujeto al poder de unos cuantos. Perohoy se presenta la oportunidad de cambiar la economía política de la corrupción por el principio de la austeridad republicana, en fondo y en forma. Frente a esto,conforme van pasando los días, va arreciando la crítica hacia esta nueva concepción de gobierno,como una lógica resistencia de los promotores de un régimen de privilegios que no quiere terminarse, lo mismo en marchas contra la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que en especulaciones económicas tras la consulta popular, o la  desconfianza desmedida en las políticas futuras del presidente López Obrador.

Lo cierto es que,conla política de austeridad del próximo sexenio, por primera vez, se estará priorizando la erradicación y combate de la corrupción desde raíz y no post mortem, al instaurar el servicio público por vocación y no como negocio, dejando claro que los resultados de la administración pública federal no están sujetos a tener altos salarios y lujos excesivos.

Además de que la austeridad gubernamental es vista como una fuente de ingresos importante para instrumentar las políticas del próximo gobierno. Hace días, dimos un paso importante desde la Cámara de Diputados con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, comprobando que existe voluntad política de parte del legislativo para colaborar en este sentido. Dejando atrás los tiempos en que se legislaba mal y a la carrera para hacer negocios a costa del patrimonio del pueblo.

Pero incluso más allá del ahorro gubernamental previsto, esto exigirá una correcta aplicación de los recursos públicos en los programas sociales necesarios y transparencia absoluta en el gasto público. Con la política de austeridad, el ejecutivo federalestá mandando la disposición expresa hacia quienes serán los próximos funcionarios del gobierno federal y miembros del gabinete, a que asuman que la corrupción de ninguna manera funcionará como instrumento de una aparente gobernabilidad.Anteriormente, el CEO se vio obligado a omitir casos de corrupción como la Casa Blanca, HIGA y la Estafa Maestra por servir a intereses particulares y hubo muchos responsables sin castigo, pero ahora el ejecutivo está empeñando su palabra en dar respuesta a las verdaderas necesidades del pueblo mexicano.

En síntesis,el combate frontal a la corrupción será la fuente de legitimidad democrática del próximo sexenio y la que lo mantendrá viable, por lo tanto las instancias de control de la corrupción contarán con el respaldo político suficiente, que incluye no sólo a los tres poderes, sino a la sociedad civil y al sector privado.

En el pasado reciente, México pudo tener muchos CEOS, pero ahora sí tendrá un Presidente de la República.

*Publicado originalmente el periódico El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/adios-al-ceo-bienvenido-el-presidente

 

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Asumir los desafíos de la formación profesional en México*

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

Hace unas semanas la noticia del despido de hasta mil 500 trabajadores de Bancomer recordó la transformación que se avecina para el sector financiero ante el uso cada vez más común de las tecnologías. Sin embargo, la revolución tecnológica actual pone en peligro empleos que cumplen tareas de rutina lo mismo en el sector servicios, que en el comercio y el sector maquilador. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, el 52 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de México, equivalente a 28 millones 935 mil empleados, está en peligro de ser relevado por un robot, se estima que aproximadamente entre el 10 y 20 % de los empleados en las líneas de ensamble en la línea automotriz ya ha sido sustituido.

Ello exige la promoción de nuevas destrezas en todos los niveles productivos, sobre todo en áreas como ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Siendo necesario un mayor y mejor talento que pueda operar en este contexto de cambios tecnológicos que están alterando las formas de producción y comunicación.

La paradoja mexicana es que: Mientras el sector educativo avanza a pasos de caracol, el mercado laboral corre como un lince. Esto ha desembocado en que el 65 % de los empleos que tendrán los jóvenes mexicanos que hoy comienzan la educación media superior y superior, todavía no existen. (IMCO, 2017). Entonces, el gran reto es ¿cómo ayudar a que el sector educativo enfrente las condiciones del mercado laboral? La respuesta se encuentra en una nueva concepción de la formación profesional, para que las nuevas realidades de la 4ta revolución tecnológica se asuman como disruptores y no como destructores.

Debe repensarse la enseñanza no solo en términos de la educación obligatoria, sino la que fluye por vías alternas como educación continua, educación dual  y educación a distancia. Ya que en nuestro país impera una pésima asignación de recursos de fuerza de trabajo y ello obliga a resaltar la importancia de la capacitación para el empleo, apuntando en varias direcciones.

Primera, hacer una alineación curricular y pedagógica de acuerdo con los requerimientos del mercado laboral. La planeación de la oferta educativa debe guiarse con evidencia, identificando los planes de estudios relevantes y valorados por el mercado laboral. Pues una carrera que no asegura calidad y pertinencia en el mercado termina destruyendo la inversión del país y de las familias mexicanas. En términos prácticos, la inercia, la incapacidad y los obstáculos del sector educativo benefician a la industria de la educación, pero no a los alumnos que llegan a invertir cantidades estratosféricas en carreras que no les dan un empleo.

Segunda, atender la brecha cualitativa apelando a la inteligencia del mercado de trabajo. Actualmente no existen datos públicos para que los jóvenes mexicanos tomen decisiones informadas sobre su futuro educativo. Es impostergable impulsar la orientación vocacional, pero también valorar la pertinencia de una política de datos públicos en educación superior, que permita considerar con claridad la rentabilidad de las distintas carreras. Por ejemplo, se sabe que la carrera de estadística tiene un salario mensual promedio que ronda en los 16 mil pesos mensuales, una tasa de informalidad de 9.9 % y tan sólo una matrícula de 7, 962 estudiantes. En contraste con la carrera de psicología cuyo salario mensual promedio apenas ronda en los 9 mil pesos, pero tiene una tasa de informalidad de 29.9 % y una matrícula que ronda en los 174 mil estudiantes. (Cálculos del IMCO con información del INEGI, 2016-2017).De hacerlo, el camino sería menos pedregoso para aquellos jóvenes que estudian una carrera como psicología, pero se ven obligados a emplearse en un oficio como choferes. La sobre cualificación de puestos reduciría si se estudiaran las condiciones del mercado laboral.

Tercera, pensar en una política de trasformación pedagógica. Es claro que la primera causa de deserción escolar a nivel bachillerato es de tipo socioeconómico y de ahí la importancia del programa prioritario Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no debe olvidarse que la segunda causa de la deserción escolar es que los jóvenes siguen reprobando y ausentándose de clase porque se aburren en el aula. (ENDEMS, 2012). Por eso es vital impulsar más cursos que tengan que ver con actividades comercializables, además de la profesionalización de la función de vinculación e injerencia con personas que entiendan el mercado de trabajo en el plantel. Esto aparejado de una nueva gobernanza en los planteles para tomar decisiones acertadas en cuanto a la administración de los recursos.

Está visto que México puede beneficiarse de la revolución digital, es uno de los ocho países que más empleos podría generar en los próximos años. El Foro Económico Mundial ha reportado que en el futuro próximo la empleabilidad dependerá menos de lo que sabemos y más de nuestra capacidad de aprender, adaptar y ejecutar, incluso se espera que para 2020 tengan un mayor peso habilidades como la inteligencia emocional, capacidad de negociación y flexibilidad cognitiva. Las competencias valoradas por el mercado están cambiando y estamos obligados a escucharlas con atención al instrumentar las nuevas políticas públicas para México.

*Publicado en el diario El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/asumir-los-desafios-de-la-formacion-profesional-en-mexico?fbclid=IwAR2mDBifwj9en9g3I8UEVaaTF0z_-PVRFmgU4MAJhulLnJiN47o89agYktg

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¿Por qué sí, Jóvenes Construyendo el Futuro? *

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

A México le urge implementar una verdadera política de Estado en materia laboral que dignifique el valor del trabajo y aborde a fondo el tema del desempleo. Por ello, el próximo gobierno federal apostará como uno de los programas prioritarios del sexenio a “Jóvenes Construyendo el Futuro” a cargo de la STPS en colaboración con la SEP, con la finalidad de otorgar oportunidades de estudio y empleo a 2.6 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan.

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador no quiere renunciar a las obligaciones del Estado de hacer cumplir la Constitución, los derechos y la propia Ley Federal del Trabajo para garantizarlo. Quiere enfrentar cara a cara el grave problema de desempleo que en sexenios anteriores se utilizó como mero eslogan de campaña –piénsese en “el presidente del empleo”, la “changarrización” o “tu primer crédito” et al-.

Y la justificación parte de varios cuestionamientos fundamentales: ¿cómo es que llegamos a tener 2.6 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan?, ¿por qué nos quedamos cruzados de brazos sabiendo la existencia de ese bono demográfico?, ¿Por qué, si fue posible rescatar a banqueros no habríamos de rescatar a los jóvenes?

Hoy en día existe un gigantesco desperdicio de productividad, de ingresos, de bienestar y justicia social. Enfrentamos a una tasa de informalidad 62 % mayor en jóvenes que en personas mayores de 30 años. Aunado a que aproximadamente el 60 % de los empleadores en México tiene complicaciones para conseguir empleados con el perfil idóneo. Y esto es debido a las carencias en oportunidades para jóvenes, a las deficiencias en términos de formación educativa y formación para el empleo.

Por estas razones, se busca que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abone a un círculo virtuoso de la economía: Educación, formación, mayor productividad, más y mejor calidad de empleo. Porque existe la plena convicción de que si el gobierno no despilfarra dinero y comienza a invertirlo en la gente, el efecto multiplicador de la economía mexicana será mayor y podrá crecer el país. Parafraseando a Simón Levy, es cierto que la manera en como gastará el próximo gobierno el dinero público determinará junto con la actividad productiva cuánto va a crecer México.

De ahí la importancia en impulsar el programa más valiente del próximo sexenio, con una inversión sin precedentes de 110 mmdp para su primer año de vida, presupuesto similar al que se invirtió este año a 22 ramos de la administración pública federal, tales como la PGR, el Poder Legislativo, la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, STPS, SENER, Función Pública y el INEGI. Mismo que será elevado a rango de ley. Además, se espera que su implementación permita delinear claramente las reformas necesarias a la ley laboral y educativa.

Como es natural, al margen del programa, surgen cuestionamientos sobre los riesgos que conlleva. A lo cual cabe la sensata respuesta: el principal riesgo sería no comenzar.

1.- Sí a JCF porque asume el desafío de agrupar a los jóvenes mexicanos en esta iniciativa considerando la heterogeneidad poblacional y de las propias empresas, para elaborar una adecuada agenda de formación y colaboración.Creemos que con el programa sí se puede fortalecer el mercado interno, pero además abonar al plan de pacificación nacional vinculando a estos jóvenes en un esquema distinto de empleabilidad ante los desafíos macroeconómicos.

2.- Sí a JCF porque contempla convenios para la correcta colaboración entre las empresas participantes, las instituciones académicas, los tutores y aprendices. Además promueve una formación y evaluación periódica de calidad estableciendo parámetros claros.

3.-Sí a JCF porque se prevén mecanismos de formación y evaluación con base en el tipo de las empresas, los adecuados procesos de selección y evaluación para que no se sobrecargue burocráticamente el programa.

4.- Sí a JCF porque busca dotar de los incentivos adecuados a los jóvenes y empresas participantes, además de evaluar el tema de la certificación en términos de su valor en el mercado de trabajo.

5.- Sí a JCF porque hoy están puestas las condiciones para que las empresas y el gobierno federal entrante confluyan en esta iniciativa nacional, que redundará en una nueva formación educativa e incluso en una nueva cultura empresarial.

6.- Y finalmente, sí a JCF porque nunca convendrá seguir relegando a los jóvenes mexicanos a la categoría de ninis, de hacerlo condenaríamos a nuestra economía a un círculo vicioso de desempleo y al fracaso. Por eso decimos “Becarios sí, sicarios no”.

*Publicado originalmente en el periódico El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/por-que-si-jovenes-construyendo-el-futuro?fbclid=IwAR0IsUGfA60OlBSedhBRQVolSWRhXkF5cbQhcrwB1iGXO2DhtOtqoXhlsk0

 

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