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Tres rutas para comenzar a mejorar el empleo*

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

México es un país de muchos retos, por ello requiere de resultados concretos para romper barreras sexenales como la corrupción, el uso clientelar de la política social, y sobre todo, escuchar las necesidades reales de la población en la integración de las nuevas políticas públicas. En lo que respecta al derecho al trabajo, el primer déficit es la falta de participación plural de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de la política sectorial, cuando debe ser una condición necesaria para revisar los objetivos e instrumentos de dicha política, con el propósito de ir cerrando las brechas de desigualdad y asegurar el acceso a un empleo digno.  (CONEVAL, 2018).

Si bien es cierto que la población mexicana pudiera desconocer el derecho al trabajo digno en la letra, sí tiene una opinión muy acertada de lo que sucede en la realidadal pronunciarse en cuestiones como: tener un trabajo bien remunerado y ser tomado en cuenta para la toma de decisiones (CESOP, 2014). Por ejemplo, ocho de cada 10 mexicanos percibe que tener un trabajo bien remunerado nunca o casi nunca se cumple. Una opinión similar tiene siete de cada 10 mexicanos sobre ser escuchados por las autoridades o el acceso a la seguridad social.

De acuerdo con el Estudio Diagnostico del Derecho al Trabajo 2018 del CONEVAL, México tiene varios pendientes que atender en materia de empleo, que tienen que ver con su acceso, calidad y disponibilidad.

En cuanto a medios de acceso, toca mejorar la capacidad y alcance de los servicios de intermediación laboral,ya que los servicios de vinculación, orientación e información es muy limitada y con el tiempo ha tendido a disminuir.Esto es debido a que los recursos mayormente utilizados por los solicitantes son medios informales como redes sociales, contactos personales o la visita directa a los lugares de empleo, teniendo la desventaja de reproducir las desigualdades iniciales, especialmente cuando los solicitantes se desenvuelven en medios precarios. Para muestra, en 2016 se recibieron 2 millones de solicitudes de vinculación laboral, a través del Servicio Nacional del Empleo, de las cuales sólo lograron insertarse laboralmente 477 mil personas, ocho de cada diez solicitantes no lograron colocarse.

Algo similar sucede con los empleadores, ya que los latinoamericanos recurren muy poco a los servicios públicos de empleo para su labor de reclutamiento. Entonces, será importante fortalecer la intermediación, información, orientación, vinculación y otros servicios de apoyo, para aumentar la probabilidad de encontrar trabajos de mejor calidad, con mejores ingresos y formales(OIT, 2016).

Por otro lado en lo referente a la calidad del empleo, es muy común que el “bajo desempleo” encubra situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en la corta duración del empleo, bajos ingresos y la carencia de prestaciones, donde los jóvenes se encuentran sobrerrepresentados en más del doble que el resto de los grupos de edad, por lo que tienen que focalizarse los esfuerzos de política pública para favorecer su incursión laboral. Aunado a que la calidad del empleo también se ve mermada por otros factores como el impacto del Outsourcing irregular, ya que el gobierno mexicano deja de recaudar alrededor del 90 por ciento por impuestos, IMSS e Infonavit. En 2015, el porcentaje de los trabajadores con contrato que tuvo acceso a prestaciones disminuyó de 66.9 por ciento a 63.4 por ciento, confirmando la tendencia al aumento de la precariedad laboral registrada.

Y finalmente deben buscarse mecanismos para mejorar la disponibilidad del empleo, considerando la heterogeneidad de regiones, así como los grupos en situación de desventaja. Está demostrado que el costo que se debe invertir en tiempo para llegar a un lugar de trabajo puede ser un factor que dificulte el acceso al empleo, en 2015, el porcentaje de los ocupados que destinaron más de media hora para trasladarse al lugar de trabajo era de 55.1 por ciento en el caso del transporte público y 27 .1 por ciento en caso del transporte privado. También, es importante, cerrar las brechas en el acceso a empleos de calidad en los grupos en situación de desventaja, como en el caso de las mujeres cuya principal brecha está en la tasa de participación en el mercado laboral, siendo la mitad que la de los hombres.

Por estas razones, será fundamental que el próximo gobierno federal promueva una nueva gobernabilidad, y eso implica tomar en cuenta lo que está demandando la población (inputs) y lo que será su capacidad de respuesta (outputs).

*Publicado originalmente en el periodico El Universal: http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1433226?fbclid=IwAR2qMr-YpQGLHchg0R1lWhfI-2uAHzpacgjYZ9EUl2KdfXWL4mfQpPVWjYg

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Asumir los desafíos de la formación profesional en México*

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

Hace unas semanas la noticia del despido de hasta mil 500 trabajadores de Bancomer recordó la transformación que se avecina para el sector financiero ante el uso cada vez más común de las tecnologías. Sin embargo, la revolución tecnológica actual pone en peligro empleos que cumplen tareas de rutina lo mismo en el sector servicios, que en el comercio y el sector maquilador. De acuerdo con el McKinsey Global Institute, el 52 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de México, equivalente a 28 millones 935 mil empleados, está en peligro de ser relevado por un robot, se estima que aproximadamente entre el 10 y 20 % de los empleados en las líneas de ensamble en la línea automotriz ya ha sido sustituido.

Ello exige la promoción de nuevas destrezas en todos los niveles productivos, sobre todo en áreas como ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Siendo necesario un mayor y mejor talento que pueda operar en este contexto de cambios tecnológicos que están alterando las formas de producción y comunicación.

La paradoja mexicana es que: Mientras el sector educativo avanza a pasos de caracol, el mercado laboral corre como un lince. Esto ha desembocado en que el 65 % de los empleos que tendrán los jóvenes mexicanos que hoy comienzan la educación media superior y superior, todavía no existen. (IMCO, 2017). Entonces, el gran reto es ¿cómo ayudar a que el sector educativo enfrente las condiciones del mercado laboral? La respuesta se encuentra en una nueva concepción de la formación profesional, para que las nuevas realidades de la 4ta revolución tecnológica se asuman como disruptores y no como destructores.

Debe repensarse la enseñanza no solo en términos de la educación obligatoria, sino la que fluye por vías alternas como educación continua, educación dual  y educación a distancia. Ya que en nuestro país impera una pésima asignación de recursos de fuerza de trabajo y ello obliga a resaltar la importancia de la capacitación para el empleo, apuntando en varias direcciones.

Primera, hacer una alineación curricular y pedagógica de acuerdo con los requerimientos del mercado laboral. La planeación de la oferta educativa debe guiarse con evidencia, identificando los planes de estudios relevantes y valorados por el mercado laboral. Pues una carrera que no asegura calidad y pertinencia en el mercado termina destruyendo la inversión del país y de las familias mexicanas. En términos prácticos, la inercia, la incapacidad y los obstáculos del sector educativo benefician a la industria de la educación, pero no a los alumnos que llegan a invertir cantidades estratosféricas en carreras que no les dan un empleo.

Segunda, atender la brecha cualitativa apelando a la inteligencia del mercado de trabajo. Actualmente no existen datos públicos para que los jóvenes mexicanos tomen decisiones informadas sobre su futuro educativo. Es impostergable impulsar la orientación vocacional, pero también valorar la pertinencia de una política de datos públicos en educación superior, que permita considerar con claridad la rentabilidad de las distintas carreras. Por ejemplo, se sabe que la carrera de estadística tiene un salario mensual promedio que ronda en los 16 mil pesos mensuales, una tasa de informalidad de 9.9 % y tan sólo una matrícula de 7, 962 estudiantes. En contraste con la carrera de psicología cuyo salario mensual promedio apenas ronda en los 9 mil pesos, pero tiene una tasa de informalidad de 29.9 % y una matrícula que ronda en los 174 mil estudiantes. (Cálculos del IMCO con información del INEGI, 2016-2017).De hacerlo, el camino sería menos pedregoso para aquellos jóvenes que estudian una carrera como psicología, pero se ven obligados a emplearse en un oficio como choferes. La sobre cualificación de puestos reduciría si se estudiaran las condiciones del mercado laboral.

Tercera, pensar en una política de trasformación pedagógica. Es claro que la primera causa de deserción escolar a nivel bachillerato es de tipo socioeconómico y de ahí la importancia del programa prioritario Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no debe olvidarse que la segunda causa de la deserción escolar es que los jóvenes siguen reprobando y ausentándose de clase porque se aburren en el aula. (ENDEMS, 2012). Por eso es vital impulsar más cursos que tengan que ver con actividades comercializables, además de la profesionalización de la función de vinculación e injerencia con personas que entiendan el mercado de trabajo en el plantel. Esto aparejado de una nueva gobernanza en los planteles para tomar decisiones acertadas en cuanto a la administración de los recursos.

Está visto que México puede beneficiarse de la revolución digital, es uno de los ocho países que más empleos podría generar en los próximos años. El Foro Económico Mundial ha reportado que en el futuro próximo la empleabilidad dependerá menos de lo que sabemos y más de nuestra capacidad de aprender, adaptar y ejecutar, incluso se espera que para 2020 tengan un mayor peso habilidades como la inteligencia emocional, capacidad de negociación y flexibilidad cognitiva. Las competencias valoradas por el mercado están cambiando y estamos obligados a escucharlas con atención al instrumentar las nuevas políticas públicas para México.

*Publicado en el diario El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/asumir-los-desafios-de-la-formacion-profesional-en-mexico?fbclid=IwAR2mDBifwj9en9g3I8UEVaaTF0z_-PVRFmgU4MAJhulLnJiN47o89agYktg

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¿Por qué sí, Jóvenes Construyendo el Futuro? *

Horacio Duarte Olivares: Es diputado federal y propuesto como Subsecretario del empleo de la STPS para el gobierno federal 2018-2024.

 

A México le urge implementar una verdadera política de Estado en materia laboral que dignifique el valor del trabajo y aborde a fondo el tema del desempleo. Por ello, el próximo gobierno federal apostará como uno de los programas prioritarios del sexenio a “Jóvenes Construyendo el Futuro” a cargo de la STPS en colaboración con la SEP, con la finalidad de otorgar oportunidades de estudio y empleo a 2.6 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan.

El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador no quiere renunciar a las obligaciones del Estado de hacer cumplir la Constitución, los derechos y la propia Ley Federal del Trabajo para garantizarlo. Quiere enfrentar cara a cara el grave problema de desempleo que en sexenios anteriores se utilizó como mero eslogan de campaña –piénsese en “el presidente del empleo”, la “changarrización” o “tu primer crédito” et al-.

Y la justificación parte de varios cuestionamientos fundamentales: ¿cómo es que llegamos a tener 2.6 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan?, ¿por qué nos quedamos cruzados de brazos sabiendo la existencia de ese bono demográfico?, ¿Por qué, si fue posible rescatar a banqueros no habríamos de rescatar a los jóvenes?

Hoy en día existe un gigantesco desperdicio de productividad, de ingresos, de bienestar y justicia social. Enfrentamos a una tasa de informalidad 62 % mayor en jóvenes que en personas mayores de 30 años. Aunado a que aproximadamente el 60 % de los empleadores en México tiene complicaciones para conseguir empleados con el perfil idóneo. Y esto es debido a las carencias en oportunidades para jóvenes, a las deficiencias en términos de formación educativa y formación para el empleo.

Por estas razones, se busca que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abone a un círculo virtuoso de la economía: Educación, formación, mayor productividad, más y mejor calidad de empleo. Porque existe la plena convicción de que si el gobierno no despilfarra dinero y comienza a invertirlo en la gente, el efecto multiplicador de la economía mexicana será mayor y podrá crecer el país. Parafraseando a Simón Levy, es cierto que la manera en como gastará el próximo gobierno el dinero público determinará junto con la actividad productiva cuánto va a crecer México.

De ahí la importancia en impulsar el programa más valiente del próximo sexenio, con una inversión sin precedentes de 110 mmdp para su primer año de vida, presupuesto similar al que se invirtió este año a 22 ramos de la administración pública federal, tales como la PGR, el Poder Legislativo, la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, STPS, SENER, Función Pública y el INEGI. Mismo que será elevado a rango de ley. Además, se espera que su implementación permita delinear claramente las reformas necesarias a la ley laboral y educativa.

Como es natural, al margen del programa, surgen cuestionamientos sobre los riesgos que conlleva. A lo cual cabe la sensata respuesta: el principal riesgo sería no comenzar.

1.- Sí a JCF porque asume el desafío de agrupar a los jóvenes mexicanos en esta iniciativa considerando la heterogeneidad poblacional y de las propias empresas, para elaborar una adecuada agenda de formación y colaboración.Creemos que con el programa sí se puede fortalecer el mercado interno, pero además abonar al plan de pacificación nacional vinculando a estos jóvenes en un esquema distinto de empleabilidad ante los desafíos macroeconómicos.

2.- Sí a JCF porque contempla convenios para la correcta colaboración entre las empresas participantes, las instituciones académicas, los tutores y aprendices. Además promueve una formación y evaluación periódica de calidad estableciendo parámetros claros.

3.-Sí a JCF porque se prevén mecanismos de formación y evaluación con base en el tipo de las empresas, los adecuados procesos de selección y evaluación para que no se sobrecargue burocráticamente el programa.

4.- Sí a JCF porque busca dotar de los incentivos adecuados a los jóvenes y empresas participantes, además de evaluar el tema de la certificación en términos de su valor en el mercado de trabajo.

5.- Sí a JCF porque hoy están puestas las condiciones para que las empresas y el gobierno federal entrante confluyan en esta iniciativa nacional, que redundará en una nueva formación educativa e incluso en una nueva cultura empresarial.

6.- Y finalmente, sí a JCF porque nunca convendrá seguir relegando a los jóvenes mexicanos a la categoría de ninis, de hacerlo condenaríamos a nuestra economía a un círculo vicioso de desempleo y al fracaso. Por eso decimos “Becarios sí, sicarios no”.

*Publicado originalmente en el periódico El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/horacio-duarte-olivares/nacion/por-que-si-jovenes-construyendo-el-futuro?fbclid=IwAR0IsUGfA60OlBSedhBRQVolSWRhXkF5cbQhcrwB1iGXO2DhtOtqoXhlsk0

 

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Tultepec: ¿el punto de quiebre?

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

El Estado de México es el primer productor nacional de fuegos artificiales y artificios pirotécnicos, sesenta y cuatro municipios del Estado de México tienen presencia con esta actividad, destacando: Almoloya de Juárez, Amecameca, Axapusco, Capulhuac, Coyotepec, Ozumba, Tecámac, Tenango, Texcoco, Toluca, Zumpango y Tultepec.

La pirotecnia además de ser un oficio redituable es una actividad artesanal con una tradición de por lo menos 2 siglos, que permite el sustento de 40 mil familias mexiquenses de forma directa y genera una derrama económica de entre 500 y 1,200 millones de pesos anuales. De los habitantes del municipio de 60% están involucrados directa o indirectamente en la elaboración y puesta del espectáculo pirotécnico, o en la fabricación de castillos y juguetería.

Con el objetivo principal de atender las necesidades de los pirotécnicos, tanto económicas como de capacitación, legalidad, fomento, prevención y seguridad, el gobierno del Estado de México creó en 2003, durante el gobierno de Arturo Montiel, el Instituto Mexiquense de la pirotecnia (IMEPI). Desafortunadamente la desgracia en el mercado de San Pablito Tultepec ha descubierto que es prácticamente inútil su existencia, ya que sus objetivos como formular, controlar y vigilar las medidas de seguridad en las actividades de juegos pirotécnicos no sirven.

En Tultepec ha habido explosiones intermitentes desde 1998, ocurrieron también en 2005, 2006, 2007 y marzo del presente año. Esto quiere decir que la explosión del martes no es fortuita, porque un incidente que se presenta repetidas veces no es un accidente. Puede ser negligencia, desabandono, consecuencia de un discurso vacío y políticas asistencialistas de los gobiernos mexiquenses, pero nunca un accidente. Baste recordar que a principios del mes de agosto, el director del IMEPI se vanagloriaba diciendo que teníamos el “mercado más seguro de Latinoamérica”, que contaba con una buena planeación para evitar incidentes. O que otras voces como la del alcalde de ese municipio le secundaban agradeciendo a Eruviel Ávila los servicios de salud suficientes para atender a la gente del municipio en los hospitales de su propio estado sin tener la necesidad de llevarlos hasta la Ciudad de México. ¡Mentira!

Esto que nos está pasando como entidad es el síntoma que padecemos como pueblo, todos sabemos por experiencia, en los menos de los casos por intuición, que a los gobernantes del Estado de México les encanta regodearse en el discurso vacío, hacer acto de presencia en inauguraciones a cortar el listón aunque no sepan ni un ápice de cómo se hicieron las cosas. También sabemos que aquí en el Estado de México pocos son los afortunados que entran dentro de la cobertura de servicios de salud, porque para tener acceso a estos servicios, primero debes tener un trabajo seguro donde tengas afirmado el servicio de salud, de lo contrario quedas a la voluntad divina o a la suerte. Pero un estado con la segunda tasa de desempleo más alta del país (5.4 %) tiene pocas posibilidades de asegurarlo.

¿Quién mejor que 8 millones de mexiquenses pobres para dar testimonio de la farsa, de las políticas asistencialistas? A nosotros mismos nos duele la pobreza, el desabandono, la negligencia, la corrupción. Al gobierno no le duele nada, al gobernador le interesa en estos momentos de dolor y de duelo, transmitir por Facebook su recorrido por las instalaciones del hospital de Zumpango para dar show con el discurso estruendoso “es importante que vean el equipo tan profesional que se tiene, la infraestructura médica que tenemos”. Y ¿qué pensará sobre el resto de los municipios mexiquenses?, como los del sur del estado donde hay comunidades indígenas que no cuentan con un solo médico y donde todavía mueren personas por no ser atendidas.

Frente a esta desgracia en el Estado de México, quisiéramos ver que Enrique Peña Nieto llegara al lugar de los hechos a dar un recorrido para ofrecer ayuda, como lo ha hecho en el extranjero, pero éste no se ha dignado. Cualquier mandatario en su lugar ya lo habría hecho, pero nuestro país es un caso aparte. Recuerdo que en abril cuando ocurrió la explosión en el complejo petroquímico de Pajaritos, decidió que no iría al lugar y optó por un fotomontaje que aparentaba un recorrido por la zona. Cualquier mexicano está acostumbrado a la indolencia del presidente, pareciera que las prácticas desleales como el desabandono, la delincuencia o la corrupción de los gobernadores o el presidente se estuvieran naturalizando en la sociedad mexicana. Ojalá que no, porque ese sería el peor de los escenarios.

Dicen los analistas de coyuntura, que para que se dé un punto de quiebre en un momento decisivo, tiene que haber una sacudida, una convulsión o un estremecimiento social para que se muevan las piezas y las cosas cambien. Confío en que el dolor social, la solidaridad y las muestras de apoyo ante este hecho tan lamentable en Tultepec, sean elementos que nos impulsen al cambio, todos los mexiquenses en nuestros respectivos ámbitos, sectores, estratos, edades, sabemos que las cosas están mal, somos víctimas frecuentes de la inseguridad, los secuestros, los moches, la violencia, la corrupción en los distintos órdenes de gobierno, feminicidios, homicidios, escasa cobertura de servicios de salud, educación, salud, crisis de derechos humanos.

Este puede ser el punto de quiebre, que esta vez las investigaciones en Tultepec sean trasparentes, que se dé con los responsables, que esta vez sí exijamos que el gobierno no meta mano en la investigación, para que no quede en el archivo muerto o el abandono. Estamos en un momento clave para reivindicar nuestro poder ciudadano y avanzar en la transformación sistemática que urge el Estado de México.

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Morena propone una verdadera política social

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA en Estado de México

Desde tiempos remotos el hambre es usada para sacar provecho, innumerables relatos exponen la peor cara del ser humano cuando lucra con ella, recordemos ejemplos como: Jacob y Esaú, el Solidaridad con Salinas de Gortari, Oportunidades de Vicente Fox y Felipe Calderón, o el Prospera de Enrique Peña Nieto.

Pese a los diferentes programas sociales emprendidos por los gobiernos mexicanos para erradicar la pobreza, no se ha logrado disminuir desde hace casi 30 años, ya que el tema es visto desde entonces como un negocio, pero jamás como un tema de gobierno.

De acuerdo con el último informe del Coneval sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se concluye que dicho programa nacional de la Secretaria de Desarrollo Social, no cumple con el propósito central de empoderar a los beneficiarios, de responder a las necesidades identificadas, ni de ejercer contraloría sobre las acciones de la cruzada. Tan es así, que en febrero de 2015 salió a la luz pública un fraude masivo de 845 millones de pesos, encubierto por la entonces secretaria de desarrollo social, Rosario Robles. El número de pobres en México no ha disminuido, pero ha aumentado.

Además, llama la atención el nivel de complicidad de los gobiernos estatales para no atacar el tema de la pobreza, por ejemplo, Eruviel Ávila en su calidad de gobernador del Estado de México prefiere ir a comprar el voto con despensas en vez de implementar acciones en los municipios más pobres del estado. Cabe destacar que el municipio mexiquense de San Felipe del Progreso fue uno de los cinco municipios de referencia para medir el impacto de la Cruzada a nivel nacional, de éste se presume una reducción considerable en los niveles de pobreza, si esto es cierto, ¿por qué Peña Nieto manda a su operador electoral a ese municipio a hacer campaña, ahí donde bien sabe que puede lucrar? Este caso se replica en muchas entidades, el tema de la pobreza es sistemático, no hay intenciones mínimas de combatirla.

La atención a los más pobres y disminuir la desigualdad social en México, requieren un cambio estructural, en este sentido, el pasado 20 de noviembre en el Congreso Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador presentó los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, cuya prioridad es la atención a los más pobres y los desposeídos. Para lograrlo, México requiere de un gobierno democrático que garantice libertades, sin corrupción ni impunidad, en el que el presupuesto sea realmente público.

En estos días, los inversionistas de Nueva York y Londres han elogiado el discurso de AMLO por ser moderado en términos económicos, pero fundamentalmente por la exigencia en reducir la deuda del gobierno, no debe olvidarse que el objetivo de fondo de nuestro líder nacional siempre ha sido el mismo, el de hacer realidad la igualdad social y combatir la pobreza. López Obrador siempre ha sido claro: por el bien de todos, primero los pobres.

 

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10 años de guerra contra México

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

El 2006 será recordador por dos cosas: por ser el año en que se realizó uno de los fraudes electorales más desvergonzados de los últimos tiempos que, literalmente, le robó la presidencia de la republica a Andrés Manuel López Obrador. Y también será recordado como el inicio de la política más inútil de los últimos tiempos.

Este 11 de diciembre se cumplen 10 años del inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, un plan sin pies ni manos, implementado por Felipe Calderón Hinojosa para buscar dotarse de un mínimo de legitimidad ante el robo de la elección presidencial que lo hiciera llegar al puesto del ejecutivo. Hizo del combate al narcotráfico su tema de gobierno, a pesar de que ni siquiera había tocado ese tema en campaña.

Con el paso de los meses, se volvieron constantes los cuestionamientos y las críticas desde distintos posicionamientos, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, desde los partidos de oposición y desde la voz más grande la sociedad civil, quien resulta hasta la fecha la más afectada.

En este sentido y violando la soberanía nacional, el 30 de junio de 2008 como parte de la iniciativa Mérida, Estados Unidos entregó a México mil 600 millones de dólares de ayuda para su estrategia de “guerra contra el crimen organizado”. Los años siguientes, 2010, 2011 y 2012, se intensificó la violencia, comandos del ejército irrumpieron a lo largo y ancho de México y se descubrieron fosas clandestinas con cadáveres de migrantes, miles de muertos y desaparecidos. De acuerdo con datos del INEGI, al final del sexenio de Felipe Calderón, se contaba un saldo de 121 mil 683 muertes violentas.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, se siguió la misma línea de acción, aunque con un discurso diferente, éste lo denominó “lucha contra el crimen”, puso énfasis en una supuesta protección de la población, para tratar así de distanciarse de la guerra abierta contra los carteles de la droga implementada por su antecesor, pero en realidad el modus operandi fue exactamente igual, el ejército en las calles, el avispero del narco alborotado y una violencia incontenible. Uno de los peores escenarios se vivió en junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas a manos del ejército, por considerárseles sospechosos. Y tres meses más tarde, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa Guerrero.

Diez años han pasado desde el inicio de la guerra inútil de Felipe Calderón, seguida por Enrique Peña Nieto. Su plan deja hasta el día de hoy, más de 213, 000 muertos, se han presentado aproximadamente 12,408 quejas de derechos humanos y la estadística revela que el ejército mata a 8 personas por cada uno que hiere.

Han pasado 10 años y Felipe Calderón nunca obtuvo su deseada legitimidad y no se ha dado una batalla contra el crimen organizado, ni con él, ni con Peña. En cambio, comprometió todos los recursos y energías del país y nunca tuvimos claro quién era el enemigo real a combatir, no ha existido un repliegue a la violencia, no hay una disminución en el tráfico de drogas y se ha acentuado la violencia e inseguridad. Tenemos un Estado que no imparte justicia, no ofrece opciones laborales y no garantiza seguridad.

Pero todavía lunáticos panistas que sueñan con la presidencia de la república, como la esposa de Felipe Calderón, declara orgullosa “quiero que nuestros soldados y marinos regresen victoriosos a los cuarteles”. No puede haber victoria por encima del terror de la población, por encima de un saldo de miles de civiles muertos y desaparecidos, por encima de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los muertos de Tlatlaya Estado de México. En 10 años han hecho “la guerra” contra un enemigo indefinido, y todavía aspiran a preservarse en el gobierno, las necesidades del país son mucho mayores que cualquier interés político.

Conclusión, los efectos de la guerra contra el narcotráfico en México son tres y muy claros. Primero, una cantidad impresionante de muertos y desaparecidos sin sentido, con más muertes que Afganistán, Irak o Nigeria[1]. Segundo, en 10 años de guerra contra el narcotráfico el gobierno ha gastado un billón 138 mil 838 millones 971 mil 996 pesos que necesitan emplearse a inversión social. Tercero y el más revelador, cuando se habla de guerra se supone que los oponentes se encuentran en una situación de igualdad, pero la lucha contra los carteles de la droga no ha dado los resultados esperados, la violencia sigue incontenible pese a los enormes recursos destinados, entonces la guerra hasta el 2016, la va ganando el narco.

[1] De acuerdo con datos de ISS (International Institute for Strategic Studies), en 2015 el conflicto más mortífero del mundo fue el de Siria con 55,000 muertos, seguido de Afganistán con 15,000 muertos, después Irak con 13,000 muertos y finalmente Nigeria con 11,000 muertos.

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Tiempos de definiciones

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

Es normal tener en la presidencia de la republica a un hombre que llega el quinto año de “gobierno” reprobado por el 73 % de los mexicanos, por cuarto año consecutivo. Es normal, que el 90.6 % de los ciudadanos mexiquenses se sientan inseguros[1] en el lugar donde “gobierna” Eruviel Ávila.

Es normal que México sea el segundo país más desigual en América Latina y el único que no ha logrado combatir las desigualdades por tener gobiernos corruptos, desempleo a largo plazo y grandes disparidades entre los trabajadores[2]. Es normal que el salario mínimo haya transitado en este sexenio, de la pobreza a la miseria, y que apenas haya aumentado un 9.58 % para el 2017.

Es normal que México sea el país más corrupto entre los países de la OCDE[3]. Y también es normal que el Estado de México sea la entidad primer lugar nacional en incidencia de actos de corrupción[4].

Es normal que el sexenio de Peña lleve a cuestas 68, 082 homicidios dolosos. Igualmente, es normal que la crisis de derechos humanos, impartición de justicia e inseguridad en el Estado de México, le otorguen el título del estado homicida, feminicida, inseguro y represor.

Es normal que el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda en vez de comprobar las acciones del gobierno federal para combatir la pobreza y generar igualdad social, emita comentarios misóginos contra una diputada federal de Morena por cuestionarlo en su comparecencia, diciendo “yo no estudié psiquiatría para entenderla”. Y es normal que Eruviel Ávila desdeñe hechos nefastos en el Estado de México como los abusos de la policía estatal y ministerial contra la reportera Iris Velázquez del periódico Reforma, corroborando que aquí las mujeres tienen que defenderse solas.

Para el PRI y PAN, todo esto es absolutamente normal, su intransigencia los ciega, aplauden otro año de Peña porque le colaboran. Conspiran contra lo diferente, odian lo transparente, reniegan de la honestidad y satanizan la verdad. Hacen alianzas antinaturales, pactan, negocian, lucran. Roban de las arcas, compran con miserias, lucran con el hambre. Y así han planeado su trampa que buscan preservar por los siglos de los siglos.

Esta descripción es el México de los últimos 4 años, cuyo gobierno no tiene ideología ni proyecto serio, el sexenio para joder a México. Vienen tiempos de grandes definiciones para los ciudadanos, la oportunidad de dar paso a proyectos de gobierno dignos: En 2018, a un proyecto de nación muy superior a la mafia del “Pacto por México”; y en 2017 para el Estado de México, alguien “inmensamente mejor que los Del Mazo y las Josefinas”.

[1]INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),2016

[2] Reporte Desigualdad de Ingresos y Pobreza, OCDE, 2016.

[3] Índice de Percepción de Corrupción Transparencia Internacional, 2016.

[4] Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2016.

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