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10 años de guerra contra México

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

El 2006 será recordador por dos cosas: por ser el año en que se realizó uno de los fraudes electorales más desvergonzados de los últimos tiempos que, literalmente, le robó la presidencia de la republica a Andrés Manuel López Obrador. Y también será recordado como el inicio de la política más inútil de los últimos tiempos.

Este 11 de diciembre se cumplen 10 años del inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, un plan sin pies ni manos, implementado por Felipe Calderón Hinojosa para buscar dotarse de un mínimo de legitimidad ante el robo de la elección presidencial que lo hiciera llegar al puesto del ejecutivo. Hizo del combate al narcotráfico su tema de gobierno, a pesar de que ni siquiera había tocado ese tema en campaña.

Con el paso de los meses, se volvieron constantes los cuestionamientos y las críticas desde distintos posicionamientos, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, desde los partidos de oposición y desde la voz más grande la sociedad civil, quien resulta hasta la fecha la más afectada.

En este sentido y violando la soberanía nacional, el 30 de junio de 2008 como parte de la iniciativa Mérida, Estados Unidos entregó a México mil 600 millones de dólares de ayuda para su estrategia de “guerra contra el crimen organizado”. Los años siguientes, 2010, 2011 y 2012, se intensificó la violencia, comandos del ejército irrumpieron a lo largo y ancho de México y se descubrieron fosas clandestinas con cadáveres de migrantes, miles de muertos y desaparecidos. De acuerdo con datos del INEGI, al final del sexenio de Felipe Calderón, se contaba un saldo de 121 mil 683 muertes violentas.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, se siguió la misma línea de acción, aunque con un discurso diferente, éste lo denominó “lucha contra el crimen”, puso énfasis en una supuesta protección de la población, para tratar así de distanciarse de la guerra abierta contra los carteles de la droga implementada por su antecesor, pero en realidad el modus operandi fue exactamente igual, el ejército en las calles, el avispero del narco alborotado y una violencia incontenible. Uno de los peores escenarios se vivió en junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas a manos del ejército, por considerárseles sospechosos. Y tres meses más tarde, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa Guerrero.

Diez años han pasado desde el inicio de la guerra inútil de Felipe Calderón, seguida por Enrique Peña Nieto. Su plan deja hasta el día de hoy, más de 213, 000 muertos, se han presentado aproximadamente 12,408 quejas de derechos humanos y la estadística revela que el ejército mata a 8 personas por cada uno que hiere.

Han pasado 10 años y Felipe Calderón nunca obtuvo su deseada legitimidad y no se ha dado una batalla contra el crimen organizado, ni con él, ni con Peña. En cambio, comprometió todos los recursos y energías del país y nunca tuvimos claro quién era el enemigo real a combatir, no ha existido un repliegue a la violencia, no hay una disminución en el tráfico de drogas y se ha acentuado la violencia e inseguridad. Tenemos un Estado que no imparte justicia, no ofrece opciones laborales y no garantiza seguridad.

Pero todavía lunáticos panistas que sueñan con la presidencia de la república, como la esposa de Felipe Calderón, declara orgullosa “quiero que nuestros soldados y marinos regresen victoriosos a los cuarteles”. No puede haber victoria por encima del terror de la población, por encima de un saldo de miles de civiles muertos y desaparecidos, por encima de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los muertos de Tlatlaya Estado de México. En 10 años han hecho “la guerra” contra un enemigo indefinido, y todavía aspiran a preservarse en el gobierno, las necesidades del país son mucho mayores que cualquier interés político.

Conclusión, los efectos de la guerra contra el narcotráfico en México son tres y muy claros. Primero, una cantidad impresionante de muertos y desaparecidos sin sentido, con más muertes que Afganistán, Irak o Nigeria[1]. Segundo, en 10 años de guerra contra el narcotráfico el gobierno ha gastado un billón 138 mil 838 millones 971 mil 996 pesos que necesitan emplearse a inversión social. Tercero y el más revelador, cuando se habla de guerra se supone que los oponentes se encuentran en una situación de igualdad, pero la lucha contra los carteles de la droga no ha dado los resultados esperados, la violencia sigue incontenible pese a los enormes recursos destinados, entonces la guerra hasta el 2016, la va ganando el narco.

[1] De acuerdo con datos de ISS (International Institute for Strategic Studies), en 2015 el conflicto más mortífero del mundo fue el de Siria con 55,000 muertos, seguido de Afganistán con 15,000 muertos, después Irak con 13,000 muertos y finalmente Nigeria con 11,000 muertos.

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Tiempos de definiciones

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

Es normal tener en la presidencia de la republica a un hombre que llega el quinto año de “gobierno” reprobado por el 73 % de los mexicanos, por cuarto año consecutivo. Es normal, que el 90.6 % de los ciudadanos mexiquenses se sientan inseguros[1] en el lugar donde “gobierna” Eruviel Ávila.

Es normal que México sea el segundo país más desigual en América Latina y el único que no ha logrado combatir las desigualdades por tener gobiernos corruptos, desempleo a largo plazo y grandes disparidades entre los trabajadores[2]. Es normal que el salario mínimo haya transitado en este sexenio, de la pobreza a la miseria, y que apenas haya aumentado un 9.58 % para el 2017.

Es normal que México sea el país más corrupto entre los países de la OCDE[3]. Y también es normal que el Estado de México sea la entidad primer lugar nacional en incidencia de actos de corrupción[4].

Es normal que el sexenio de Peña lleve a cuestas 68, 082 homicidios dolosos. Igualmente, es normal que la crisis de derechos humanos, impartición de justicia e inseguridad en el Estado de México, le otorguen el título del estado homicida, feminicida, inseguro y represor.

Es normal que el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda en vez de comprobar las acciones del gobierno federal para combatir la pobreza y generar igualdad social, emita comentarios misóginos contra una diputada federal de Morena por cuestionarlo en su comparecencia, diciendo “yo no estudié psiquiatría para entenderla”. Y es normal que Eruviel Ávila desdeñe hechos nefastos en el Estado de México como los abusos de la policía estatal y ministerial contra la reportera Iris Velázquez del periódico Reforma, corroborando que aquí las mujeres tienen que defenderse solas.

Para el PRI y PAN, todo esto es absolutamente normal, su intransigencia los ciega, aplauden otro año de Peña porque le colaboran. Conspiran contra lo diferente, odian lo transparente, reniegan de la honestidad y satanizan la verdad. Hacen alianzas antinaturales, pactan, negocian, lucran. Roban de las arcas, compran con miserias, lucran con el hambre. Y así han planeado su trampa que buscan preservar por los siglos de los siglos.

Esta descripción es el México de los últimos 4 años, cuyo gobierno no tiene ideología ni proyecto serio, el sexenio para joder a México. Vienen tiempos de grandes definiciones para los ciudadanos, la oportunidad de dar paso a proyectos de gobierno dignos: En 2018, a un proyecto de nación muy superior a la mafia del “Pacto por México”; y en 2017 para el Estado de México, alguien “inmensamente mejor que los Del Mazo y las Josefinas”.

[1]INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),2016

[2] Reporte Desigualdad de Ingresos y Pobreza, OCDE, 2016.

[3] Índice de Percepción de Corrupción Transparencia Internacional, 2016.

[4] Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2016.

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Decálogo Electorero Priista.

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

Faltan 7 meses para la celebración de Comicios en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México y el delito de la compra del voto sigue dándose en estos estados sin ningún castigo. Juzgue usted mismo y evite caer en la trampa priista más vieja y ruin que hunde a México en el subdesarrollo político:

  1. Invocar a su estirpe de corrupción. Cuando se avecina una elección, voltean la mirada hacia sus primos, compadres o amigos, luego realizan cambios para colocarlos en algún puesto clave de la administración pública. No hay señalamiento más claro que nombrar a Luis Enrique Miranda Nava como titular de la Sedesol y que el Secretario del Trabajo del Estado de México saliera de su cargo para ser Subsecretario de la Sedesol, cuando se está preparando la elección del Estado de México. Todo queda en familia para poder transar a gusto una elección de Estado.
  1. Ejecutar redes piramidales de corrupción. El clientelismo electoral funciona siempre a través de estructuras piramidales, el punto más alto de su estructura se localiza donde el partido tiene mayor acceso a recursos públicos, o sea, secretarías de estado o Presidencia de la República. En México hay 2400 programas sociales, y absolutamente en todos, se violan las reglas de operación para darles un contenido electorero.
  1. Poner especial atención donde instruya el Presidente. Únicamente en época electoral, las zonas más pobres se vuelven “prioritarias.
  1. Alzar la bandera del clientelismo electoral. El clientelismo electoral es el reparto de favores, bienes materiales, servicios o dinero a cambio de votos en elecciones o de apoyo político. Ninguna estrategia perversa le ha dado tantas victorias al PRI, como el ver en los electores clientes y no ciudadanos. Para ellos, nunca pesará más un puñado de propuestas de gobierno, que tinacos, becas temporales, láminas, varillas, tarjetas con 2750 pesos o despensas de frijol con gorgojo.
  1. Hacer de los pobres su mejor aliado. Por décadas los gobiernos han conseguido instaurar un sistema de circuito cerrado perfecto, en el que los pobres le son indispensables; el sistema los hace, el sistema los usa y no los quiere dejar porque le son absolutamente útiles. La consigna es simple, estando en el gobierno ser una máquina de pobres y en elecciones lucrar con el hambre.
  1. Jalar el voto en los municipios más necesitados. Se puede ver al Jefe de la Oficina de Presidencia de la Republica en contubernio con el Gobernador del Estado de México, ya sea en San Felipe del Progreso, Huixquilucan u otro municipio, encabezando eventos en una precampaña lanzada desde los Pinos para competir por la gubernatura del PRI.
  1. Repartir sobras inhumanas. Obligan a los más necesitados a recorrer grandes distancias, permanecer horas de pie en piso enlodado, para finalmente recibir las sobras de despensas ancestrales.
  1. Colaborar desde un organismo electoral o hacer “como que la virgen les habla”. Por ejemplo, si se es parte de un organismo electoral federal como el INE, al enterarse de la compra del voto, repiten frases como “nos preocupa”, pero no hacen nada. Si se es parte del IEEM, actúan oficiosamente para favorecer al PRI y gobierno estatal.
  1. Usar a sus gobernadores como operadores territoriales. El gobierno mexiquense se desempeña como operador electoral y político, a través de su secretario de gobierno llama a hacer pactos con los partidos políticos de la entidad, pero se deslinda por la compra de voluntades en territorio estatal. Sirva para ilustrar este punto la actuación de José Manzur y su “Pacto de Civilidad Política”.
  1. Abolición del ciudadano. Todas las acciones anteriores persiguen el fin último de desaparecer la democracia, la cultura política participativa y el papel del ciudadano. El PRI se rige así, nunca trabaja como partido político, sino como una banda delincuencial que abiertamente roba el voto y roba los dineros públicos para ganar elecciones.

Publicado originalmente en: http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-11-22/70371/decalogo-electorero-priista

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La Soberana Hipocresía

Horacio Duarte Olivares

Presidente de MORENA en el Estado de México

 

Que la nación haya perdido soberanía en materia energética, territorio, recursos naturales, la economía, comunicaciones, más lo que se vaya acumulando, no tuvo importancia para los partidos del Pacto por México, apoyaron reformas que desfondaron la soberanía nacional encomendada al Estado, incluso en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, atentaron contra el principio de soberanía popular, o cuando hubo la oportunidad de hacer una consulta popular en materia energética la rechazaron por todos los medios.

Los mexicanos decidimos cada vez menos sobre el destino del país, la mafia política no respeta el principio constitucional de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Pero eso sí, el PRI y PAN se rasgan las vestiduras con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuando ellos fueron capaces de llevar a la presidencia de México a dos de los peores presidentes de los últimos tiempos: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ambos mediante procesos electorales sumamente cuestionados y dejando en evidencia el nivel de subdesarrollo político en nuestro país, porque queda muy claro que si llegaron a la presidencia de la república no fue precisamente por presumir de una cultura política participante.

Sin excepción, la conjunción hipócrita PAN, PRI y PRD, sirvió como propagandista de un partido político y una candidata extranjera desde el mismísimo pleno del Senado de la Republica, su imprudencia no es extraña, la hemos visto en el pasado y la padecemos ahora, su intromisión, su violación a la soberanía, no hacen más que reafirmar la nula defensa del país al que dicen servir. Manifestaron con bombo y platillo que serían protagonistas de este oportunismo político, auspiciado por un político abiertamente racista, clasista, misógino y xenófobo como Donald Trump.

Nadie les cree. ¿Con qué calidad moral el PAN, impulsor del Frente Nacional por la Familia, movimiento de ultraderecha, conservador, retrograda, discriminatorio y abiertamente xenofóbico, rechaza la discriminación? De qué se asusta la derecha hipócrita, si sus esfuerzos están encaminados a erradicar todo lo que no está en su entendimiento, sean matrimonios entre personas del mismo sexo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo o el aborto. Si su preocupación fuera genuina, no habría votado en conjunto con el PRI y PVEM el pasado miércoles 9 de noviembre en contra del dictamen para reconocer el matrimonio igualitario en la Cámara de Diputados.

Los partidos del Pacto por México, sin excepción, PAN, PRI y PRD, se mostraron muy preocupados por las amenazas de Donald Trump en campaña, tales como: la renegociación o cancelación del TLCAN, de implementar un proteccionismo comercial despiadado, de emprender deportaciones masivas de inmigrantes latinos, condicionar las remesas y levantar un muro en la frontera con México pagado por los mexicanos. Cuando precisamente el gobierno de Enrique Peña Nieto ha provocado desde 2013 un aumento del 17 por ciento en el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Resulta pavoroso para el gobierno el inminente aumento en el precio del dólar, pero durante los gobierno Peña-Calderón se dio un aumento del doble en el precio del mismo.

O peor aún, sabiendo que en México también se violan los derechos de miles de migrantes centroamericanos. Es muy revelador saber que en 2015, México deportó a más centroamericanos que Estados Unidos, una cifra de 92,889 deportados en comparación con 70,000 deportados por EU. Políticos y gobierno se indignan por el tema de las deportaciones masivas de migrantes mexicanos, pero ni se inmutan cuando se pide justicia por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y por los miles de desaparecidos en México.

El mismo Peña Nieto se dio el lujo de violar la soberanía nacional, al traer a nuestro país a hacer campaña al entonces candidato republicano. También, fue muy cómodo para los partidos de la mafia servirse de la coyuntura electoral del país vecino para dos cosas: proyectar a sus presidenciables en el caso del PAN o para tratar de legitimarse con una indignación hipócrita en el caso del PRI y PRD. Cuando estos mismos son los causantes del estancamiento económico, de los niveles alarmantes de desempleo que orillaron a 12 millones de connacionales a emigrar al país vecino.

Por si fuera poco, el presidente del Instituto Nacional Electoral, se dio el lujo de asistir como observador electoral, cuando la autoridad electoral que preside no ha sido capaz de garantizar en los procesos electorales los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. El INE debiera valorar el nivel de la democracia mexicana, independientemente de las propuestas reprobables de los candidatos estadounidenses y su cuestionable actuación, el gobierno de Barack Obama no se dedicó a repartir despensas ni televisores para apoyar a la candidata de su partido. Aquí en México sí, tanto los gobiernos del PRI como Peña Nieto tienen pésimos antecedentes en organizar elecciones de estado, con recursos federales han comenzado la compra de voluntades en el Estado de México, y la autoridad electoral brilla por su ausencia.

En fin, que los tiempos políticos son inciertos en términos económicos porque somo el tercer socio comercial de Estados Unidos y es nuestro primer socio comercial, en términos políticos porque seguimos siendo relegados al arbitrio despiadado de nuestras autoridades políticas y electorales. Pero ninguna estrategia política ni económica podrá hacer frente al futuro inmediato si no se pone como prioridad el beneficio del pueblo y nuestra política exterior con el país vecino no deja de ser mera subordinación. Y ciertamente como dice Andrés Manuel López Obrador “la mejor política exterior es la interior”, mientras no se regenere la vida política nacional, ninguno de los oportunistas mencionados puede hablar dignamente de soberanía.

 

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Alianza PAN-PRD: ¿la muerte de quién?

Horacio Duarte Olivares

Presidente de MORENA en el Estado de México

Una coalición se entiende como la unión de fuerzas de institutos políticos con agendas similares o principios fundamentales en común; o bien, cuando fuerzas políticas con principios totalmente diferentes se alían para alcanzar objetivos de largo alcance pero con un programa de acción en común. Pero las experiencias recientes en algunas entidades de México, revelan que el criterio que ha prevalecido es la obtención del poder por el poder.

Los partidos políticos son agregadores de intereses, por eso cuando el espectro político al que representan es contradictorio, los programas de acción suelen ser distintos, sus fines contrapuestos, se beneficia mayormente a una fuerza política que a otra, dando como resultado un abandono del ciudadano. Por lo que ganar todo, paradójicamente puede significar no ganar nada, pues los intereses del total de quienes ganan son contrapuestos y de inmediato se presenta un nuevo conflicto dentro de esta coalición ganadora.

El ejemplo más ilustrativo es la alianza PAN-PRD, las experiencias en elecciones a gobernador en 2010, revelaron que tal conjunción de fuerzas, terminó por convertirse en simples siglas intercambiables, que llegando al poder desgobernaron y trazaron el camino de regreso al PRI.

La coalición PAN-PRD postuló candidaturas a gobernador en los estados de Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Hidalgo y Durango. Tres de las cuales, resultaron ganadoras con: Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdés en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla. Gobiernos desastrosos, constituidos por ex priistas en el gabinete, presionados por poderes de facto o simplemente por priorizar la política de su partido de origen. Esto permitió que en la pasada elección del 5 de junio se diera el retorno del PRI en Oaxaca y Sinaloa, y el PAN consiguiera por si solo la gubernatura de Puebla.

Nuevamente, en la elección del 5 de junio de 2016, la alianza PAN-PRD consiguió las gubernaturas de Quintana Roo, Veracruz y Durango. Aparentemente la alianza izquierda-derecha le permite al PRD seguir temporalmente en el juego político, pero quien verdaderamente se benefició fue el PAN al arrebatarle en total seis gubernaturas al PRI. Actualmente el PRI gobierna en 15 estados y el PAN 11, mientras que el futuro del PRD será vivir bajo la sombra del PAN, porque como dicen los panistas “el objetivo era derrotar al PRI” y ya lo consiguieron. Los panistas han tenido en el PRD el mejor aliado, primero lo usan y después lo destruyen.

Una coalición para prosperar debe darse bajo los siguientes principios: una condición de suma cero entre sus integrantes, que sus militantes conozcan y acepten los efectos reales de dicha alianza, y cumplir con un principio de racionalidad que supone que los jugadores tomarán un curso de acción que les permita lograr el mayor beneficio posible para sus militantes.

Contrariamente, en la coalición PAN-PRD, la gran vencedora política fue la derecha, el PRD únicamente sobrevivió y evidenció la carencia de fuerzas políticas para postular a candidatos surgidos de sus filas, menospreció a su militancia y nunca compartió un programa de gobierno serio. Ambos partidos olvidaron que una coalición también es la voluntad de la gente que la va a formar.

El próximo año, la elección a gobernador del Estado de México, será la de mayor impacto por tener el mayor número de votantes del país, por ser uno de los últimos bastiones del priismo y lugar de origen de Peña Nieto, quien ya comenzó a jugar sucio con la compra de voluntades. El abandono y la orientación que ha tomado en los últimos la dirigencia perredista, obligan a sus militantes a resistirse a perder la esperanza, la dignidad y las convicciones. Es momento de que la militancia perredista construya su futuro y no se hunda con la mafia que hizo pactos para dañar su proyecto.

Ante la pérdida de credibilidad de la dirigencia nacional del PRD y el descrédito con los gobiernos surgidos de sus coaliciones antinatura con el PAN, los militantes perredistas se encuentran únicamente ante dos opciones viables: unirse formalmente a Morena y dar el paso que miles han dado en el país, para guardar congruencia; o apoyar el proyecto de Morena con su voto. Ambas son posibles.

Morena, es la única opción del cambio democrático en el Estado de México, abierto a mujeres y hombres de buena voluntad. Un proyecto que construye de abajo para arriba e involucra a los mexiquenses en la gobernabilidad del estado.

El Estado de México ya no está para experimentos, los militantes del PRD deberán apelar obligatoriamente a principios éticos para ir en coalición con un proyecto afin, si es que quieren subsistir dignamente. O de lo contrario, consagrarse y morir como el “conejillo de indias” del PAN; los perredistas mexiquenses, pueden dar la batalla de la dignidad o terminarán apoyando a la esposa de Calderón en el 2018.

Ya desde el siglo XVI, Maquiavelo lo señalaba, “nunca debe aliarse con otro más poderoso para atacar a terceros, a no ser que se vea forzado a ello; la razón es que en caso de victoria, el aliado más débil se hace su prisionero”. Ahí la disyuntiva.

Publicado originalmente en: http://www.alfadiario.mx/articulo/2016-11-08/70026/alianza-panprd-la-muerte-de-quien
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MORENA busca ampliar la libertad de expresión en la ley sobre de Derecho de Réplica

Horacio Duarte Olivares

Representante de MORENA ante el INE

 

En diciembre de 2015 presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.

El único objetivo que busca MORENA con esta acción es ampliar la libertad de expresión y fortalecer dicha ley, ya que cuenta con una regulación insuficiente, limitada e inadecuada para el ámbito electoral.

Las normas impugnadas limitan el derecho de réplica a que existan hechos inexactos o falsos, lo cual consideramos puede coartar la libertad de expresión.

En MORENA buscamos que se haga valer efectivamente, para quienes participan ordinariamente en los procesos electorales, el derecho de rectificar y responder a información inexacta o agraviante, y que puedan ser publicadas o difundidas éstas aclaraciones.

Nuestra demanda busca ser todavía más protectora de la libertad de expresión.

Esto debe incluir a los aspirantes a precandidatos, los aspirantes a candidatos independientes, a los candidatos independientes, los observadores electorales y visitantes del extranjero, dirigentes o representantes de los partidos políticos, esto es, los sujetos obligados.

Al limitar el número de sujetos a los que la ley reconoce como personas que en materia electoral pueden ejercer el derecho de réplica, también se estaría afectando el principio de igualdad.

La redacción actual de la ley reglamentaria limita la posibilidad de réplica solo a los casos en que exista inexactitud o falsedad, y no en casos que puedan agraviar a una persona en lo político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen, buscamos combatir esta omisión, tal como lo establece el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el caso de que se difundan al público datos e información relacionados con hechos ciertos y exactos, pero agraviantes de la dignidad humana, la ley también debería garantizar que el agraviado pueda responder lo publicado en medios de comunicación, y actualmente no se garantiza.

Negar un derecho de réplica bajo estos supuestos, va en todos los sentidos contra la libertad de expresión.

Se debe proteger el derecho de los partidos, precandidatos y candidatos, incluyendo a los independientes, a que cuando una información sea agraviante, se cuente con un mecanismo ya sea de aclaración o bien de defensa.

Por lo tanto, limitar la ley de esa manera si es coartar la libertad de expresión. Con la acción de inconstitucionalidad queremos garantizar y ampliar lo más posible el derecho de réplica.

También consideramos que debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien conozca de estos temas, y no los jueces civiles ordinarios como lo establece la ley. Es una cuestión de precisar que autoridad debe conocer de los temas electorales.

Finalmente, el derecho de réplica consiste precisamente en dar respuesta a cualquier información que se considere agraviante, y eso es justamente lo que MORENA busca ampliar y garantizar.

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Que informe de la deuda pública*

Horacio Duarte Olivares

Presidente Comité Estatal de MORENA

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La obligación fundamental de cualquier administración sin importar el nivel de gobierno es satisfacer las necesidades de su población, desafortunadamente el emprender acciones no programas, gastar más de lo presupuestado o simplemente la corrupción, son lastres que deterioran las finanzas públicas.

Para 2017 está previsto que el gasto para la deuda nacional sea de 568 mil 197 millones 600 mil pesos, mientras que para beneficiar a los mexicanos en salud, desarrollo social y educación se destinarán únicamente 556 mil 41 millones 100 mil pesos. Como siempre, al pueblo le tocará exagerar en la prudencia y rascar aún más el bolsillo.

Este mismo esquema se replica a nivel subnacional, el Estado de México es uno de los más endeudados, en el último año la deuda ha crecido un 21.09 %, pasando de 32 mil 900 millones de pesos a finales de marzo de 2015 a 41 mil 697 millones 900 mil pesos en abril de 2016, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Es importante decir que, los estados y municipios, recurren para su financiamiento a dos fuentes ordinarias de ingresos: los impuestos recaudados o percibidos como participantes en impuestos cobrados a nivel federal, derechos, productos y aprovechamientos; así como a las transferencias de otros niveles de gobierno consistentes en los apoyos otorgados por la federación para el desarrollo de gobiernos subnacionales. Pero si éstos resultan insuficientes, acuden a los ingresos extraordinarios provenientes del crédito.

De tal manera que el endeudamiento contraído por el gobierno mexiquense tendría sentido cuando: no recaudara lo suficiente o no recibiera los apoyos suficientes del gobierno federal. Pero este no es el caso.

En primer lugar, en el Presupuesto de Egresos 2016 del Estado de México, se aseguró que era posible el equilibrio presupuestal, que los ingresos del estado daban perfectamente para cubrir un egreso de 221,285,729,374 pesos. Sólo por poner un ejemplo de la solvencia en cuanto al cobro de impuestos, se recaudan cantidades inéditas en las autopistas del estado o qué decir de lo recaudado en el último año en programas como el de las fotomultas.

En segundo lugar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Estado de México resultó altamente beneficiado con el rubro Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, de un presupuesto total de 10 mil millones de pesos, alrededor de mil 308 millones de pesos se destinaron a nuestro estado, es decir, casi el 13 por ciento del presupuesto para todos los estados del país.

Dicho fondo tiene la finalidad de asignar recursos para la “generación de infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.”[1]

En los próximos días escucharemos una somera explicación de lo realizado en el último año de gestión de Eruviel, curiosamente la vanagloria atenderá a resaltar lo realizado en infraestructura. Pero dejará cabos sueltos, porque ni bienestar social, ni seguridad, ni servicios de salud, puede presumir.

¿Por qué se endeuda el estado y por qué se endeudan los mexiquenses? ¿Por qué el presupuesto no le “alcanza” a la administración de Eruviel?

Porque la deuda debería ser una herramienta financiera del gobierno para ejercer la política fiscal, así como financiar inversiones necesarias para mejorar la provisión de bienes públicos y fomentar el desarrollo económico. Pero como se emite sin mesura, únicamente logra dañar el crecimiento económico y aumenta el riesgo potencial de una crisis soberana.

La fórmula es sencilla: a mayor deuda pública, menor crecimiento económico. Y a menor crecimiento económico, mayor deuda pública. Hay una pésima administración de los recursos públicos, el gasto en deuda asciende a cerca del 25% del gasto público, es decir que de cada $ 10 pesos de presupuesto, $ 2.50 pesos tienen que destinarse a pagar la deuda.

Las deficiencias administrativas disminuyen la aptitud del gobierno para dar solución a las necesidades ciudadanas, y ese mal es propio de los gobiernos corruptos. Es realmente preocupante que la corrupción sea el factor principal del endeudamiento de los mexiquenses, pero también lo es, el hecho de que siga replicando al nivel municipal, lamentablemente de los 125 municipios del estado, 50 están endeudados, resaltando entre los más endeudados del país: Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Huixquilucan.

Ahora que el gobernador presentará su quinto informe de gobierno, es buen momento para revisar los problemas estructurales en las finanzas públicas, quizá no le resulte cómodo ni conveniente hablar de más de 8 millones de pobres, de la inseguridad, de la falta de servicios públicos, de los nulos servicios básicos, vaya de la corrupción. Pero ahí se encuentra la respuesta a la deuda que nos obligan a pagar con creces por generaciones a los mexiquenses.

[1] Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”, consultado en http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2015/diciembre/notacefp0422015.pdf

*Publicado originalmente en http://www.alfadiario.mx/articulo/2016-09-27/68826/que-informe-de-la-deuda-publica

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El Foro de las Mexiquenses

Horacio Duarte Olivares

Presidente estatal de MORENA

 

“No tenemos porqué seguir arrancándole concesiones a un estado al que no le preocupan las mujeres, no se va poder hacer nada hasta que no luchemos desde el poder”[1]. Esta es la principal conclusión vertida en el Foro “Estado de México, Estado Feminicida”, al que tuve la oportunidad de asistir por invitación de su impulsora, la diputada federal de Morena, Delfina Gómez Álvarez.

Del 15 al 17 agosto en el Senado de la Republica y Cámara de Diputados, pudimos conocer las luchas en favor de las mujeres en Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras y México, con la idea de retomar las experiencias e impulsar un nuevo paradigma que erradique el oprobio, la desigualdad, la inequidad, la injusticia social y la violencia contra las mujeres mexiquenses.

Bolivia es el claro ejemplo de la lucha desde el poder, tras la llegada de Evo Morales a la presidencia en 2006, se priorizó la lucha por la justicia social con la descolonización, pero también mediante un proceso importante de despatriarcalización. Luego esas luchas fueron traducidas en la legislación y en políticas públicas para romper condiciones de inequidad entre mujeres y hombres.

Estas fórmulas políticas del proceso de cambio en ese país permitieron la refundación de Bolivia como un Estado Plurinacional, ambas funcionando en sentido solidario de ese programa político. Ya el “Estado no es un ente sobrenatural, ni tampoco es el Leviatán de Thomas Hobbes, es sólo una hechura humana y su suicidio como maquinaria colonial y patriarcal, es el fondo práctico de la descolonización y la despatriarcalización”[2].

La idea de tomar el poder como una estrategia de cambio y no como una propiedad de la clase dominante, consiste en romper con todas las parcelas de poder que sustentan los postulados misóginos, siendo necesario delimitar el fenómeno social que se pretende erradicar. Por tanto, la lucha contra la violencia de las mujeres mexiquenses debe realizarse bajo tres principios necesarios: hacerse acompañar de todos los movimientos sociales, permanecer en movilización constante para hacer que se cumpla la ley, y que los líderes políticos nos asumamos como feministas.

Es claro que los feminicidios son un problema estructural, todos los mexiquenses somos víctimas de un mismo sistema, por eso la lucha de las mujeres debe acompañarse por la unión de todos los movimientos sociales: campesinos, indígenas, magisteriales, etc. Las condiciones históricas del Estado de México son las generadoras de una población con casi el 50 % de personas sumidas en la pobreza, primeros lugares a nivel nacional en homicidios, delincuencia, inseguridad, corrupción[3] y por supuesto primer lugar nacional en feminicidios[4]. Y éstos son crímenes de estado porque al fracturarse el Estado de Derecho, se favorece la impunidad y la corrupción.

Entender los feminicidios como problema estructural, obliga a denunciar el monopolio de los poderes de dominación, el enriquecimiento desmedido, los privilegios de pequeñas minorías, gobiernos mexiquenses que únicamente han transitado entre la negación del problema y la salvaguarda de la imagen pública de los gobernadores, ejemplo: Eruviel Ávila ha gastado mil 252 millones 900 mil 595 pesos en promover su administración e imagen, inversión mayor a los presupuestos para infraestructura, gasto social, vivienda, atención a personas con discapacidad y derechos humanos[5].

No sólo en el ámbito gubernamental, también aquellos poderes fácticos que ejercen formas autoritarias y violentas de opresión, provocando el desmantelamiento de la dimensión social y progresista del Estado. Las voces de mujeres feministas nos han gritado infinidad de veces que erradicar la violencia contra las mujeres no se cura con rezos ni oraciones religiosas, “implica ir a sus raíces estructurales y desmontarlas”[6]. Baste con darse una vuelta por la entrada de la catedral de San José en la ciudad de Toluca (orgullosa capital del estado), para contemplar con tristeza como en las iglesias la mujer sigue siendo oprimida ideológicamente como causa del pecado en un letrero que reza: ”No entres a este sagrado lugar con minifaldas, pantalones ceñidos, escotes inmorales o alguna otra forma de vestir que ofenda a Dios”. Entonces, erradicar la violencia de género consiste en la reconfiguración del mapa mental de la población completa.

Un segundo principio a cumplir es permanecer en movilización constante para hacer que se cumpla la ley. En 2011 se penalizó en la legislación local el delito de feminicidio pero no se dieron los elementos para la correcta investigación con perspectiva de género y derechos humanos. En 2015 después de muchas batallas contra el gobierno mexiquense, se emitió la Alerta de Género para 11 municipios del estado, pero no se materializaron en acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Mientras las mujeres del estado mueren asesinadas, sufren lesiones, sus hijos padecen las consecuencias de una violencia sexista, mientras son violadas, acosadas en el ámbito laboral, explotadas con salarios inferiores a los varones y su representatividad en el gobierno sigue siendo pequeña, la política mezquina del gobierno evade con programas emergentes la responsabilidad que le confiere el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La movilización social debe ser un mecanismo de lucha para sustituir la “Simulación de Alerta de Género” por una Alerta de Violencia de Género con el seguimiento a los casos de feminicidios; acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; reportes e indicadores de violencia contra las mujeres; la transparencia en los recursos presupuestales y su ejecución para hacer frente a la contingencia de alerta violencia de género.

Las resistencias que se oponen al cambio de ideología patriarcal son tantas y tan diversas, que un tercer principio es la exigencia de que los líderes políticos nos asumamos como feministas y trabajemos por lograr condiciones de igualdad. Padecemos un estado patriarcal sustentado en la falsa universalidad, por eso los líderes estamos obligados a recuperar la política como un medio privilegiado para lograr condiciones de igualdad, erradicar las exclusiones de género, la defensa del estado laico en la sexualidad, la defensa de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el respeto a la diversidad sexual, la defensa absoluta de los derechos humanos, erradicar la violencia contra las mujeres.

Ser líderes feministas nos compromete no solo a trabajar para garantizar democracia política, democracia económica y democracia social. También nos compromete a asumirnos como individuos no violentos y rechazar cualquiera de sus expresiones.

Celebro el trabajo que realiza la diputada mexiquense Delfina Gómez Álvarez por dos razones importantes: La primera es porque este ejercicio democrático fue un punto de encuentro para dar voz a los casi 9 millones de mujeres mexiquenses, que aun siendo mayoría poblacional, han sido relegadas durante años. La segunda razón tiene que ver con reconocer el trabajo digno que desempeña como mujer de izquierda con formas pacificas de gobernar para ir a la raíz de los feminicidios y desmontarlos. Estoy seguro que sus propias conclusiones sobre el foro, pronto serán transformadas en realidades desde el poder y me uno a esta lucha.

[1] Adriana Salvatierra Arraiza, senadora de Bolivia, ponente en el Foro Internacional, “Estado de México, Estado Feminicida”.

[2] Chivi Vargas Idon Moisés, “Descolonización y despatriarcalización en Bolivia, entre testimonio y acción de Estado”, 2011, consultado en http://www.minmujer.gob.ve/, el 22 de agosto de 2016.

[3] De acuerdo con Cifras del INEGI, en el Estado de México se cometen 62,160 casos de corrupción por cada 100,000 habitantes, colocándolo como la entidad con más actos de corrupción.

[4] En el último año, los feminicidios en el Estado de México crecieron en un 30%.

[5] Cifras de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México hasta mayo de 2015.

[6] Lagarde y de los Ríos, Marcela, “El feminismo en mi vida”; hitos, claves y topías, México, 2013, Instituto Nacional de las Mujeres, pág. 200.

 

Publicado originalmente en http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-08-30/67865/el-foro-de-las-mexiquenses

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Alerta de Simulación

Horacio Duarte Olivares.

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

postalEl pasado 28 de julio se cumplió un año de haberse emitido la Alerta de Género para 11 municipios del Estado de México por el alto número de feminicidios, sin resultados, pero con un incremento alarmante del 30 por ciento en los feminicidios respecto al año 2015. La Alerta de Género tiene como objetivo la emisión de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que busca enfrentar y erradicar la violencia feminicida, para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la legislación que agravia sus derechos humanos.

Su implementación consiste en: “establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para dar el seguimiento respectivo a los casos; implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; elaborar reportes sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia; y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, así como la zona territorial que abarcan las medidas a implementar”[1].

Esta exigencia deriva de la Sentencia de Campo Algodonero del 10 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que por primera vez obliga al Estado Mexicano a asumir su responsabilidad por los crímenes cometidos contra las mujeres, pero además condena la negligencia de las autoridades locales, obligando a los gobiernos a adoptar medidas de protección a las víctimas de violencia de género.

Sin embargo, el desacato a estas exigencias legales por parte de los gobiernos del Estado de México, tiene como resultado la ausencia de medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes pese al pleno conocimiento de la existencia y aumento del feminicidio que ha dejado a centenares de mujeres muertas, la carencia de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de mujeres, pero sobre todo la falta de una debida diligencia en la investigación de asesinatos por la ausencia de un protocolo de investigación con perspectiva de género y derechos humanos real[2].

Es peligroso y hasta nocivo, el desinterés de los gobiernos mexiquenses en proteger la vida de las mexiquenses, quienes a pesar de ser la mayoría poblacional no representan una prioridad para el gobierno, no son defendidas con el mismo ímpetu que defiende un programa de foto multas.

Las acciones emprendidas por la presente administración de Eruviel Ávila ha descansado en un decálogo emergente para “proteger a las mujeres”, que comprende: una campaña permanente de información contra los feminicidios pero no precisa cuando ni como operaría. La implementación en la Procuraduría del Estado de un grupo especializado para la Comisión de Asuntos de Alto Impacto, pero no se explica quiénes lo conformaría, ni bajo qué criterios. Se habla de la firma de convenios con 11 municipios en los que existe Alerta de Género para ubicar las áreas de mayor riesgo, cuando justamente la alerta de género en esos municipios se realizó por considerarlas peligrosas. Y lo más indignante, promueve la implementación de un programa de becas para los hijos de víctimas de violencia de género con la finalidad de que puedan estudiar una carrera universitaria, ¿por qué no empezar por garantizar la vida de las madres?

Este año ha servido para darnos cuenta que ninguna Alerta de Violencia de Género será efectiva a medias, evidentemente los municipios con zonas peligrosas para las mujeres son muchos más, pero se vuelve inoperante e inservible si se reduce a una disposición que se queda en el papel, sin voluntad política para contrarrestar los feminicidios, el gobierno de Eruviel Ávila le sigue mandando el mensaje a los mexiquenses de que la impunidad puede seguir matando mujeres sin el menor castigo.

(1) Artículo 23, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

(2) Apenas el pasado 22 de abril, el Estado de México instauró el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio, para dirigir las investigaciones de los agentes del Ministerio Público con nuevos criterios de investigación con visión de género.

Publicado originalmente http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-08-02/67135/alerta-de-simulacion

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El significado de la esperanza mexiquense

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

En la historia de la humanidad, hombres osados han abrazado la esperanza como una forma de vida, incluso lograron plasmarla en la esfera pública, defendiendo grandes ideales para mejorar la situación de su tiempo, lucharon por los derechos de los menos favorecidos, denunciaron injusticias, pero sobre todo invitaron a la transformación del status quo buscando mejor vida para sus sociedades.
Hablar de esperanza implica concebir una mejor sociedad. Recuerdo la frase contundente de Martin Luther King en la marcha de Detroit el 23 de junio de 1963: “Si ayudo a uno sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”. O que decir del sueño exteriorizado un mes más tarde en “I have a dream”. Ambas ideas parte del momento definitorio en el Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos. Que garantizaría los principios de dignidad, respeto, libertad, igualdad, justicia, que su gobierno no les ofreció.
Hablar de esperanza significa emprender una lucha incansable. Como decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad “Quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres”. Y esta verdad se mira reflejada en los cientos de luchas diarias que defendemos los mexiquenses en cada municipio, por distintos motivos, en distintos sectores.

Abrir espacio a la esperanza requiere nuevas formas de vida. Una trasformación en los ámbitos público y privado. En el público, un gobierno que trabaje para el pueblo e instituciones que funcionen de acuerdo con las verdaderas necesidades de la entidad, aplicando los principios de gobernanza y gobernabilidad, donde concurran ciudadanos y gobierno a la toma de decisiones, donde pese lo mismo la voz de un humilde ciudadano, que el micrófono de un funcionario público. En el privado, una sociedad que conozca los valores de respeto, libertad, justicia, transparencia, igualdad, para todos, sin distinción, en cada familia, lugar de trabajo o escuela.
En este momento en que nos encontramos tan ávidos de justicia los mexiquenses, es necesario pensar en la posibilidad de la esperanza no como un sueño, sino instaurar en los 125 municipios una nueva sociedad mediante la lucha incansable con nuevas formas de vida.
Porque nuestros pueblos no pueden esperar más. El bienestar no se inventa, se trabaja. Porque la seguridad no garantizada desemboca en detrimento de la integridad de los mexiquenses. Porque la educación no debe quedar en ultimo plano. Porque nuestras mujeres no deben vivir en el infierno de la inseguridad, no puede haber una muerta más. Porque las leyes deben elaborarse pensando en los derechos de los pueblos indígenas, en la necesidad de atender las mayorías y proteger las minorías, en la urgencia de frenar la corrupción y lograr la transparencia. Porque en la democracia las libertades de expresión y opinión no se reprimen ni censuran.
Sin duda, las luchas sustentadas en la esperanza son el camino correcto para lograr la transformación que requiere cada sector poblacional, estas se dan a diario y deberán seguir. Abrazar la esperanza significa asumir la realidad, para construir mejores tiempos.

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