Horacio Duarte Olivares.

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

El pasado 28 de julio se cumplió un año de haberse emitido la Alerta de Género para 11 municipios del Estado de México por el alto número de feminicidios, sin resultados, pero con un incremento alarmante del 30 por ciento en los feminicidios respecto al año 2015. La Alerta de Género tiene como objetivo la emisión de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que busca enfrentar y erradicar la violencia feminicida, para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la legislación que agravia sus derechos humanos.

Su implementación consiste en: “establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para dar el seguimiento respectivo a los casos; implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; elaborar reportes sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia; y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, así como la zona territorial que abarcan las medidas a implementar”[1].

Esta exigencia deriva de la Sentencia de Campo Algodonero del 10 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que por primera vez obliga al Estado Mexicano a asumir su responsabilidad por los crímenes cometidos contra las mujeres, pero además condena la negligencia de las autoridades locales, obligando a los gobiernos a adoptar medidas de protección a las víctimas de violencia de género.

Sin embargo, el desacato a estas exigencias legales por parte de los gobiernos del Estado de México, tiene como resultado la ausencia de medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes pese al pleno conocimiento de la existencia y aumento del feminicidio que ha dejado a centenares de mujeres muertas, la carencia de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de mujeres, pero sobre todo la falta de una debida diligencia en la investigación de asesinatos por la ausencia de un protocolo de investigación con perspectiva de género y derechos humanos real[2].

Es peligroso y hasta nocivo, el desinterés de los gobiernos mexiquenses en proteger la vida de las mexiquenses, quienes a pesar de ser la mayoría poblacional no representan una prioridad para el gobierno, no son defendidas con el mismo ímpetu que defiende un programa de foto multas.

Las acciones emprendidas por la presente administración de Eruviel Ávila ha descansado en un decálogo emergente para “proteger a las mujeres”, que comprende: una campaña permanente de información contra los feminicidios pero no precisa cuando ni como operaría. La implementación en la Procuraduría del Estado de un grupo especializado para la Comisión de Asuntos de Alto Impacto, pero no se explica quiénes lo conformaría, ni bajo qué criterios. Se habla de la firma de convenios con 11 municipios en los que existe Alerta de Género para ubicar las áreas de mayor riesgo, cuando justamente la alerta de género en esos municipios se realizó por considerarlas peligrosas. Y lo más indignante, promueve la implementación de un programa de becas para los hijos de víctimas de violencia de género con la finalidad de que puedan estudiar una carrera universitaria, ¿por qué no empezar por garantizar la vida de las madres?

Este año ha servido para darnos cuenta que ninguna Alerta de Violencia de Género será efectiva a medias, evidentemente los municipios con zonas peligrosas para las mujeres son muchos más, pero se vuelve inoperante e inservible si se reduce a una disposición que se queda en el papel, sin voluntad política para contrarrestar los feminicidios, el gobierno de Eruviel Ávila le sigue mandando el mensaje a los mexiquenses de que la impunidad puede seguir matando mujeres sin el menor castigo.

(1) Artículo 23, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

(2) Apenas el pasado 22 de abril, el Estado de México instauró el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio, para dirigir las investigaciones de los agentes del Ministerio Público con nuevos criterios de investigación con visión de género.

Publicado originalmente http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-08-02/67135/alerta-de-simulacion