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La equidad electoral en los medios de comunicación

Horacio Duarte Olivares.

 

La reciente aprobación de los lineamientos en materia noticiosa por parte del Consejo General del INE, funcionará como un instrumento sólo de buena fe, para aparentar un control publicitario de los partidos y candidatos en espacios radiofónicos y televisivos; no es en sí, una disposición, sino una simple recomendación que, desde luego, propiciará la repetición y perfección de las viejas prácticas en favor de los candidatos impulsados por las televisoras, como siempre ha sido.

Este posicionamiento del CG del INE respecto de los lineamientos, sin duda es uno de los ejes fundamentales, no sólo del proceso electoral 2014-2015, es el corazón mismo del sistema democrático en México y el papel que juegan los medios de comunicación en la definición de los cargos de elección popular.

Si bien, los lineamientos buscan ajustarse exclusivamente a lo que establece la ley, también consideramos que dichos lineamientos pueden quedarse en una carta de buenas intenciones, si no están acompañados de los instrumentos jurídicos y/o procedimentales necesarios, de los cuales evidentemente carecen por su naturaleza.

Algún consejero electoral del INE ha planteado, y creo que es lo correcto, que el tema fundamental de este instrumento tiene que ser el monitoreo, que como tal, como instrumento público tiene un impacto en la equidad de la contienda y garantizar que eso así suceda.

Sin embargo, la historia, siempre que riñe con la norma, nos ha dicho que el ahora INE y antes IFE, sí han elaborado lineamientos, pero sigue habiendo una intromisión de los poderes, en particular del poder ejecutivo, en los procesos electorales y en consecuencia en la definición de los cargos públicos del país.

Y esto no es producto sólo de los medios, sino del poder público mismo. El poder público que siempre busca los llamados resquicios legales para meterse hasta que, decía un representante, algún día no tengamos que estar dando recomendaciones; ahí está la clave.

Verificando lo anteriormente dicho, el señor Enrique Peña Nieto ya le recetó a la autoridad electoral su nuevo programa de entrevistas televisivas- ¿Qué va a hacer el INE frente a ese reto del poder presidencial hacia la propia autoridad electoral? ¿Qué hará el INE frente a este agravio? Porque el señor Peña Nieto planteó temas que contrarios a los lineamientos. ¿Dónde quedará la equidad? Ahora afectada ya por las entrevistas de Peña Nieto y su propraganda a favor de la reforma energética.

Tal como lo señalé en la anterior sesión del CG, el lineamiento número 38 dice que en el tema de consultas populares habrá cobertura informativa y se sugiere dar un trato equitativo a las distintas posturas que se presenten con motivo de ella; en cuyo contexto, entiendo que el Director del Fondo de Cultura Económica, ahora entrevistará a los solicitantes de la consulta para que haya equidad, si no, nuevamente estaremos sólo frente a la repetición que desde el poder público se vulnera el tema de la democracia mexicana. Si ya se entrevisto a peña Nieto principal impulsor de la reforma energética que entrega la riqueza nacional, ahora entonces, entendemos y exigimos que en el mismo tiempo y espacio se entreviste al principal dirigente que ha defendido la soberanía popular y ha solicitado una consulta popular al respecto, obvio nos referimos a Andrés Manuel López Obrador.

Derivado de esto, se hacen presentes ciertos actos del ejecutivo federal que transgreden los principios de la democracia, ejemplo, la descalificación hacia el tema petrolero por parte de Videgaray y Peña Nieto toda vez que en voz de los mismos, la reforma energética es un tema técnico de la economía nacional, mientras que el mismo tema en voz de la oposición, se convierte en un arma mediática político-electoral, según su juicio. La doble moral y la decalificación desde el poder.

Sólo que se le olvida al señor Peña Nieto que las consultas son parte de la contienda político-electoral, por eso están en una ley y las lleva a cabo un órgano electoral. Y dado que este tema va a comenzar a tener trascendencia, me parece que el INE tiene que estar muy vigilante para limitar, en el marco de sus facultades, la actuación del Poder Ejecutivo.

Dicho proceso de vigilancia, deberá estar reforzado por los partidos políticos, ya que, como es el caso, el señor Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dice que es poco probable que la consulta sea constitucional y que el Ejecutivo va dar su opinión, al respecto, sólo debemos recordarle, institucionalmente, al señor Videgaray que la Ley de Consulta Popular establece reglas para la emisión de opiniones y le da a esta autoridad la facultad de controlar, vigilar y cuidar que eso sea en un ambiente de equidad. Esperemos que el INE esté a la altura de este reto.

Finalmente quiero remarcar que el proyecto de acuerdo de los lineamientos, si no está acompañado de herramientas que permitan vigilar y cuidar, fundado además en la LEGIPE, no tendrá el efecto deseado. Ya que el lineamiento en cuestión, se aprecia como una endeble herramienta que no trasciende al exhorto, cuando lo que se necesita es que garantice la efectividad del proceso.

En ese sentido, el reto que tiene esta autoridad electoral es grande, por eso vemos con escepticismo que los lineamientos sirvan para enmendar o corregir lo que desde el poder público siempre busca subvertir, que es: No introducir elementos de discordancia en el proceso democrático mexicano.

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Despensitis y emergencia nacional

Uno de los grandes productos del corporativismo y el clientelismo electoral en nuestro país, es la cultura de la despensa. Desde el gobierno y los partidos políticos hemos pervertido la participación ciudadana, con el incentivo de otorgar una despensa.

Hoy frente a la emergencia derivado de la lluvias en nuestro país, lo primero que surge entre la gente es si se van a repartir despensas. El gobierno informa cuantas despensas se han entregado, como su gran acción. ¿Porque hemos llegado a ello?

La respuesta obvia es por la pobreza material. Sin embargo, habría que agregar que también por la pobreza política, por la falta de visión o desconocimiento de ciudadanos en la exigencia de sus derechos y la omisión de autoridades en el cumplimiento de su deber.

Ante la emergencia nacional que golpeo a la mitad de las entidades federativas, es lógico que la gente exija cosas para comer como primer impulso, incluso biológico, como necesidad humana básica. Sin embargo, debemos preguntarnos a que más tienen derecho los damnificados por las lluvias:

1.- De acuerdo al artículo 113 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los particulares tienen derecho a una indemnización económica, derivado de las actividades administrativas irregulares, por los daños ocasionados en bienes o derechos de las personas, esto lo conocemos como la responsabilidad patrimonial del Estado.

Es así, que una despensa si ayuda, pero en el caso de los damnificados, su derecho de exigir es más amplio. En el caso concreto, frente a la negligencia de los 3 ordenes de gobierno, se debe responder. No se trata sólo de llevar ayuda de la solidaridad de los mexicanos( que está bien, hay que darla), sino de que el Estado se haga responsable de las acciones y omisiones de sus funcionarios. El gobierno debe entender que no basta una disculpa o una cacería de brujas, se requiere pagar por los daños derivados de la negligencia. Por que hay evidencias suficientes, que sobre los huracanes Ingrid y Manuel se conocía su trayectoria y posibles efectos devastadores, se pudo evitar y accionar para prevenir a la población, sin embargo, no se actuó, se tuvo que llegar a cientos de muertos.

Estamos frente a la oportunidad de hacer exigible un derecho de los ciudadanos y el cumplimiento de una obligación constitucional de las autoridades. Creemos que no basta la entrega de la despensa o un vale de 10 mil pesos para enseres domésticos, el gobierno en sus tres ordenes, federal, estatal y municipal deberían estar calculando el monto de indemnización para la gente, no pensando en dar solamente un “apoyo”. Hay gente que lo perdió todo, por la negligencia de funcionarios de las áreas de la comisión nacional del agua, protección civil y prevención de desastres, por la irresponsabilidad de funcionarios que autorizaron establecer viviendas en zonas arroyos o humedales, es decir, hay un catálogo muy amplio de autoridades que son responsables de la tragedia y que frente a ello la respuesta constitucional es la indemnización a los particulares.

2.- La población afectada, tiene derecho a una reconstrucción de su entorno, de su vivienda, carreteras, caminos, plazas y en general toda la infraestructura dañada o destruida. una despena, no sustituye la reconstrucción de caminos o carreteras.

En el caso del estado de Guerrero, estamos frente a la oportunidad histórica de aprovechar la desgracia para una gran inversión pública en infraestructura, sobre todo en zonas tradicionalmente abandonadas como la Montaña, en donde la ayuda y las comunicaciones son tan deficientes que aún no se conoce la magnitud de la tragedia, lamentablemente con el paso de los días esa región no será noticia, será un estadística más.

La desgracia nos debería servir para que los partidos se despojen de esa subcultura de la despensa. Esa forma de hacer política en donde los ciudadanos, para exigir piden despensas y los dirigentes piensan que para ser “líderes” necesitan de regalar algo. Esa forma sólo trafica con el hambre del pueblo, hace ciudadanos dependientes y no genera incentivos para la participación ciudadana libre e informada, sino moviliza ciudadanos “motivados” por un bien de muy corto plazo. Esperemos que en la nueva reforma electoral que tanto se anuncia, se prohíba y se castigue con severidad ésta práctica perversa. México necesita ciudadanos libres, no sojuzgados por el hambre, ciudadanos que exijan sus derechos constitucionales, no ciudadanos condicionados a mitigar unos días su hambre. Las despensas como artículos de componendas políticas y tráfico de votos deberían ser ya una mala pesadilla en la construcción de la normalidad democrática.

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