Uno de los grandes productos del corporativismo y el clientelismo electoral en nuestro país, es la cultura de la despensa. Desde el gobierno y los partidos políticos hemos pervertido la participación ciudadana, con el incentivo de otorgar una despensa.

Hoy frente a la emergencia derivado de la lluvias en nuestro país, lo primero que surge entre la gente es si se van a repartir despensas. El gobierno informa cuantas despensas se han entregado, como su gran acción. ¿Porque hemos llegado a ello?

La respuesta obvia es por la pobreza material. Sin embargo, habría que agregar que también por la pobreza política, por la falta de visión o desconocimiento de ciudadanos en la exigencia de sus derechos y la omisión de autoridades en el cumplimiento de su deber.

Ante la emergencia nacional que golpeo a la mitad de las entidades federativas, es lógico que la gente exija cosas para comer como primer impulso, incluso biológico, como necesidad humana básica. Sin embargo, debemos preguntarnos a que más tienen derecho los damnificados por las lluvias:

1.- De acuerdo al artículo 113 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los particulares tienen derecho a una indemnización económica, derivado de las actividades administrativas irregulares, por los daños ocasionados en bienes o derechos de las personas, esto lo conocemos como la responsabilidad patrimonial del Estado.

Es así, que una despensa si ayuda, pero en el caso de los damnificados, su derecho de exigir es más amplio. En el caso concreto, frente a la negligencia de los 3 ordenes de gobierno, se debe responder. No se trata sólo de llevar ayuda de la solidaridad de los mexicanos( que está bien, hay que darla), sino de que el Estado se haga responsable de las acciones y omisiones de sus funcionarios. El gobierno debe entender que no basta una disculpa o una cacería de brujas, se requiere pagar por los daños derivados de la negligencia. Por que hay evidencias suficientes, que sobre los huracanes Ingrid y Manuel se conocía su trayectoria y posibles efectos devastadores, se pudo evitar y accionar para prevenir a la población, sin embargo, no se actuó, se tuvo que llegar a cientos de muertos.

Estamos frente a la oportunidad de hacer exigible un derecho de los ciudadanos y el cumplimiento de una obligación constitucional de las autoridades. Creemos que no basta la entrega de la despensa o un vale de 10 mil pesos para enseres domésticos, el gobierno en sus tres ordenes, federal, estatal y municipal deberían estar calculando el monto de indemnización para la gente, no pensando en dar solamente un “apoyo”. Hay gente que lo perdió todo, por la negligencia de funcionarios de las áreas de la comisión nacional del agua, protección civil y prevención de desastres, por la irresponsabilidad de funcionarios que autorizaron establecer viviendas en zonas arroyos o humedales, es decir, hay un catálogo muy amplio de autoridades que son responsables de la tragedia y que frente a ello la respuesta constitucional es la indemnización a los particulares.

2.- La población afectada, tiene derecho a una reconstrucción de su entorno, de su vivienda, carreteras, caminos, plazas y en general toda la infraestructura dañada o destruida. una despena, no sustituye la reconstrucción de caminos o carreteras.

En el caso del estado de Guerrero, estamos frente a la oportunidad histórica de aprovechar la desgracia para una gran inversión pública en infraestructura, sobre todo en zonas tradicionalmente abandonadas como la Montaña, en donde la ayuda y las comunicaciones son tan deficientes que aún no se conoce la magnitud de la tragedia, lamentablemente con el paso de los días esa región no será noticia, será un estadística más.

La desgracia nos debería servir para que los partidos se despojen de esa subcultura de la despensa. Esa forma de hacer política en donde los ciudadanos, para exigir piden despensas y los dirigentes piensan que para ser “líderes” necesitan de regalar algo. Esa forma sólo trafica con el hambre del pueblo, hace ciudadanos dependientes y no genera incentivos para la participación ciudadana libre e informada, sino moviliza ciudadanos “motivados” por un bien de muy corto plazo. Esperemos que en la nueva reforma electoral que tanto se anuncia, se prohíba y se castigue con severidad ésta práctica perversa. México necesita ciudadanos libres, no sojuzgados por el hambre, ciudadanos que exijan sus derechos constitucionales, no ciudadanos condicionados a mitigar unos días su hambre. Las despensas como artículos de componendas políticas y tráfico de votos deberían ser ya una mala pesadilla en la construcción de la normalidad democrática.