Hoy la capacidad del Estado mexicano de hacer frente al crimen organizado está a prueba en Michoacán. En esa entidad federativa, se desarrolla uno de los episodios de la llamada guerra contra el narcotráfico, esa guerra tonta que inició Calderón sin medir sus consecuencias. Esa guerra que el actual gobierno federal, no nos ha dicho si continua o sólo se sacó de los medios de comunicación.

El fin de semana pasado, el crimen organizado perpetró una serie de atentados terroristas en contra de instalaciones de la CFE, dejando sin electricidad a miles de personas en dicho estado. Pero dejar sin servicio eléctrico, sólo es la expresión del mal mayor, el problema en sí es la falta absoluta de control por parte del Estado mexicano, no sólo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatal y municipales. La incapacidad de los tres ordenes de gobierno frente a la violencia desmedida y los ataques terroristas, es una manifestación de que algo está podrido en Michoacán.

En Michoacán se conjugan varios factores que hacen la vida institucional en dicho estado casi imposible, con un ingrediente de alta violencia, de poca seguridad y nula protección de las familias y sus bienes. La falta de un poder público estable, un constante cambio de estrategia de seguridad, la falta de garantías jurídicas para la inversión, el control por parte del crimen organizado de vastas regiones del estado, el surgimiento de policías comunitarias y grupos de autodefensa, así como el desmedido uso de la violencia en la lucha por el control de las actividades ilícitas, constituyen un coctel explosivo del que todavía no hemos visto su poder destructivo.

La situación se ha agravado con los recientes hechos terroristas, que el gobierno federal y estatal quieren minimizar llamándolos actos vandálicos. Se equivocan al querer aparentar una situación de tensión menor. No reconocer la realidad comúnmente conduce a los gobiernos a cometer más errores. En Michoacán se libra una batalla no sólo por ése estado, se lucha por hacer posible que en México florezca un verdadero Estado de Derecho, una sociedad con reglas y estímulos económicos que generen bienestar y desarrollo económico y social.

Podemos hablar que en Michoacán nos encontramos frente a un Estado fallido, porque ahí el gobierno es incapaz de controlar e imponer la paz por medio de la ley. Frente a las acusaciones de que muchos gobiernos municipales están comprados, coludidos o amenazados por el crimen organizado. Ante la evidencia de que el gobierno del estado ha dejado de hacer su tarea, como lo dijera el Gobernador Fausto Vallejo, o ante la sospecha de que el gobierno estatal está al servicio del crimen, es imperante preguntar que sigue para ésta entidad federativa.

La denuncia que hace el obispo de Apatzingán Miguel Patiño Velázquez, requeriría de una respuesta institucional fuerte y acertada. Las acusaciones son graves y no deberían dejar de investigarse. Pero resalta un tema en dicha carta, que es alentador y a su vez peligroso. El obispo señala que el surgimiento de las policías comunitarias y grupos de autodefensa han permitido el regreso de la paz y tranquilidad en los municipios donde surgieron, que dichos grupos de ciudadanos organizados han logrado la expulsión del crimen organizado. Eso suena bien y es muestra del valor de la organización ciudadana, pero es un pésimo mensaje para la construcción de un Estado de Derecho, porque demuestra que son los ciudadanos con sus propias manos e incluso con sus propias armas, los que sustituyen al Estado en su función de brindar seguridad y justicia expedita.

Desde mi punto de vista, es necesario que el Senado de la República analice ejercer la facultad establecida en el artículo 76 fracción V de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, que permite la declaración de la desaparición de poderes de un estado. Esta es una medida extrema, pero que busca con ello restablecer la paz y tranquilidad para Michoacán.

Reconocer que en Michoacán la función constitucional de los poderes no se desarrolla con normalidad, que es necesario dar paso a un acuerdo de todas las fuerzas políticas y los ciudadanos para enfrentar al crimen organizado, de nombrar a un gobernador capaz de tomar las riendas del poder político y coordinar todos los esfuerzos para combatir con estrategia y efectividad a la delincuencia. En Michoacán se necesita una persona que trascienda a los partidos políticos, que incluya a los ciudadanos, que dialogue y escuche la mayor cantidad de voces, que sea capaz de conjugar talento personal y liderazgo institucional, para que dicha sociedad pueda sacudirse del flagelo de la delincuencia. Con la ley en la mano, sin violentar las libertades fundamentales de los ciudadanos y erradicando la corrupción e impunidad es posible.

Se requiere con urgencia un gobierno que de garantías de normalidad democrática, para asegurar el bienestar de la personas, para brindar seguridad y pleno ejercicio de todas las libertades. El uso correcto y legítimo de la fuerza pública, con controles y apego a la ley es una fórmula que va a permitir combatir con éxito a la delincuencia.

Construir una sociedad con un verdadero Estado de Derecho, con pluralidad democrática, instituciones de control y vigilancia, y mecanismos para evitar la acumulación de poder económico o político es la receta para el desarrollo de un país. Esperamos que pronto Michoacán y México encuentren esa ruta.