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El presupuesto del INE gasto insultante

Horacio Duarte Olivares3

Representante de MORENA ante el INE

Para un organismo como el Instituto Nacional Electoral, el aprobar un presupuesto elevado generará una apabullante desaprobación entre los ciudadanos, pero me parece que el tema no es la percepción, desafortunadamente el tema es, muchas de las veces y no sólo por el Instituto Nacional Electoral, la realidad económica de nuestra nación, en donde la pobreza de la población, contrasta con la abundancia en las altas esferas gubernamentales.

En un país donde los funcionarios públicos tienen canonjías que insultan a los ciudadanos, evidentemente cualquier gasto siempre será motivo de sospecha y percibido como enorme, cualquier gasto será una ofensa para la gran mayoría de los ciudadanos.

En ese sentido, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral debiera estar inscrito en el marco de la austeridad; pero se han demostrado en diversos estudios no sólo para esta institución, sino para todas las instituciones gubernamentales de México, que siempre habrá posibilidades de ahorrar aún más recursos económicos. Que hay tela de donde cortar, para hacer realidad el principio juarista. Con acciones concretas y eficientes, el INE y el gobierno federal podrían ahorrar miles de millones de pesos y destinarse a inversión social. Ya en la campaña electoral del 2012, nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador, detalló un ambicioso plan de austeridad república, para implementarlo se requiere voluntad y amor a la patria.

Ahí está el meollo del asunto, cómo la austeridad se tiene que convertir en el eje de las acciones de los gobiernos y las acciones de las instituciones públicas.

¿Por qué aprobar un Presupuesto como éste? En donde se incluye el financiamiento a los partidos políticos, que siguen siendo cantidades millonarias. Desde mi punto de vista, los recursos a los partidos nos debe regresar al tema de la inequidad en la distribución de los recursos públicos para los partidos políticos. La fórmula de distribución del financiamiento público de 70-30 es un atentado a la equidad. El modelo electoral busca beneficiar a unos cuantos y provoca distorsión en la competencia electoral.

Existen quienes lo justifican diciendo que es derivado del voto popular. Sí, pero es el viejo discurso o la vieja discusión de qué es primero, el huevo o la gallina.

Si partimos de inequidad de arranque, ¿Tendremos los mismos resultados al final de la jornada electoral? O si derivado de los resultados de la Jornada Electoral asignamos recursos a los partidos, es probable y sostengo que, eso determina la cantidad de votos que tienen todos los partidos.

Por eso, la inequidad sigue estando como un tema fundamental en la discusión pública y sé que eso no se va a resolver aquí, finalmente es una discusión que trasciende al órgano y trasciende a las personas, pero me parece que ese debiera ser el tema. Ojalá así como se hacen llamados a que el legislativo apruebe el presupuesto, ojalá también hubiera llamados a que el legislativo revise el tema de la inequidad.

Por el otro lado, se plantea ahora una modificación sobre el tema de la casilla única. Soy de los que sostienen que al asumir este órgano facultades en el tema de la casilla, también implica un gasto. Creo que tenerlo con los Organismos Públicos Electorales Locales, no es congruente con el espíritu que animó la reforma electoral, más allá de la discusión de si es correcta o no la reforma.

Siempre he sostenido evidentemente que las instituciones tienen que ahorrar, como por ejemplo, en el tema de la renta. Pero no estoy convencido de que simplemente dando un salto para una inversión inmobiliaria se pueda dar. Ojalá y esa inversión inmobiliaria esté debidamente cuidada. Espero que el tema de vigilancia, de transparencia, de rendición de cuentas, de acompañamiento ciudadano para todo lo que eso significa esté presente, porque ya el anterior Instituto Federal Electoral tropezó y espero que este Instituto Nacional Electoral no tropiece con la misma piedra, en el tema inmobiliario.

Nos parece, que el objetivo de tanto gasto en este Instituto Electoral debiera seguir siendo la prioridad que se cuenten los votos, y se cuenten bien. Que no se compren elecciones. Hoy se sigue hablando de fiscalización, de nuevas atribuciones que la reforma otorgó al INE, como una justificación para aprobar éste presupuesto millonario. Sin embargo, hay que revisar el tema de la fiscalización, pues en la historia electoral del país, sobre todo en 2012, se han gastado cantidades enormes, para fiscalizar, sin embargo, los resultados son desastrosos. Sí, se gastó mucho en fiscalización, pero al final un personaje que hizo uso de recursos ilícitos, hoy despacha en Los Pinos. Y la autoridad electoral fue absolutamente rebasada, y de facto se convirtió en complice. En ese sentido, creo que el presupuesto tiene que garantizar austeridad y hacer efectiva la equidad.

Evidentemente que en MORENA estamos en contra del dispendio, no lo respaldamos. Aunque no es un problema exclusivo del Instituto Nacional Electoral, el dispendio en las instituciones públicas, es un asunto estructural y de moral pública. Rechazamos el gasto millonario del INE, seguimos creyendo que la democracia, si fuera efectiva, no debería ser onerosa.

Un consejero electoral decía: El problema es el modelo. Sí, yo le agregaría, no sólo el modelo electoral, es el modelo económico que sigue concentrando, en unas cuantas manos mucho y casi nada en la gran mayoría.

¿Por qué no se discute que Enrique Peña Nieto se gasta 5 mil millones de pesos en publicidad al año? Él sólo, el Titular del Ejecutivo dispone, en su bolsa, de 5 mil millones de pesos para publicidad gubernamental. Por cierto, publicidad que no ha sido regulada a pesar de que dijo que iba a crear un órgano para la contratación.

¿Por qué no se discute el tema de cuánto le cuesta al país la compra del avión presidencial? Si no mal recuerdo, creo que cuesta la mitad del presupuesto del Instituto Nacional Electoral o un poco más.

Ya llevamos 5 mil millones y 7 mil millones más del avión presidencial, dan como resultado el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, pero la diferencia es que aquí es una institución y allá es el Titular del Ejecutivo de un solo poder. Y así le podemos ir sumando.

Por eso el tema, insisto, no es sólo exclusivo del Instituto Nacional Electoral, es un problema del modelo mexicano, donde se sigue viendo a los cargos públicos como una situación de privilegio y no como un espacio para servir.

Podemos poner otro ejemplo, gastos médicos mayores, y podríamos sacar listas de cuánto. El gobierno federal gasta varios miles de millones de pesos en gastos médicos mayores, obvio, siempre para la alta burocracia, porque eso no llega a la burocracia de a píe, y así le vamos sumando. Gobierno rico y pueblo pobre.

El tema de la austeridad es el tema fundamental. Algunos pensarán bueno, ahora estamos discutiendo el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, no el presupuesto del país. Es cierto, pero en el marco del presupuesto del país, el Instituto Nacional Electoral no está ajeno y al no estar ajeno, el tema sigue siendo austeridad. Considero que avanzar en la construcción de un estado social de derecho, requiere funcionarios que se ajusten, como decía el Presidente Juárez, a la “honrosa medianía”.

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La equidad electoral en los medios de comunicación

Horacio Duarte Olivares.

 

La reciente aprobación de los lineamientos en materia noticiosa por parte del Consejo General del INE, funcionará como un instrumento sólo de buena fe, para aparentar un control publicitario de los partidos y candidatos en espacios radiofónicos y televisivos; no es en sí, una disposición, sino una simple recomendación que, desde luego, propiciará la repetición y perfección de las viejas prácticas en favor de los candidatos impulsados por las televisoras, como siempre ha sido.

Este posicionamiento del CG del INE respecto de los lineamientos, sin duda es uno de los ejes fundamentales, no sólo del proceso electoral 2014-2015, es el corazón mismo del sistema democrático en México y el papel que juegan los medios de comunicación en la definición de los cargos de elección popular.

Si bien, los lineamientos buscan ajustarse exclusivamente a lo que establece la ley, también consideramos que dichos lineamientos pueden quedarse en una carta de buenas intenciones, si no están acompañados de los instrumentos jurídicos y/o procedimentales necesarios, de los cuales evidentemente carecen por su naturaleza.

Algún consejero electoral del INE ha planteado, y creo que es lo correcto, que el tema fundamental de este instrumento tiene que ser el monitoreo, que como tal, como instrumento público tiene un impacto en la equidad de la contienda y garantizar que eso así suceda.

Sin embargo, la historia, siempre que riñe con la norma, nos ha dicho que el ahora INE y antes IFE, sí han elaborado lineamientos, pero sigue habiendo una intromisión de los poderes, en particular del poder ejecutivo, en los procesos electorales y en consecuencia en la definición de los cargos públicos del país.

Y esto no es producto sólo de los medios, sino del poder público mismo. El poder público que siempre busca los llamados resquicios legales para meterse hasta que, decía un representante, algún día no tengamos que estar dando recomendaciones; ahí está la clave.

Verificando lo anteriormente dicho, el señor Enrique Peña Nieto ya le recetó a la autoridad electoral su nuevo programa de entrevistas televisivas- ¿Qué va a hacer el INE frente a ese reto del poder presidencial hacia la propia autoridad electoral? ¿Qué hará el INE frente a este agravio? Porque el señor Peña Nieto planteó temas que contrarios a los lineamientos. ¿Dónde quedará la equidad? Ahora afectada ya por las entrevistas de Peña Nieto y su propraganda a favor de la reforma energética.

Tal como lo señalé en la anterior sesión del CG, el lineamiento número 38 dice que en el tema de consultas populares habrá cobertura informativa y se sugiere dar un trato equitativo a las distintas posturas que se presenten con motivo de ella; en cuyo contexto, entiendo que el Director del Fondo de Cultura Económica, ahora entrevistará a los solicitantes de la consulta para que haya equidad, si no, nuevamente estaremos sólo frente a la repetición que desde el poder público se vulnera el tema de la democracia mexicana. Si ya se entrevisto a peña Nieto principal impulsor de la reforma energética que entrega la riqueza nacional, ahora entonces, entendemos y exigimos que en el mismo tiempo y espacio se entreviste al principal dirigente que ha defendido la soberanía popular y ha solicitado una consulta popular al respecto, obvio nos referimos a Andrés Manuel López Obrador.

Derivado de esto, se hacen presentes ciertos actos del ejecutivo federal que transgreden los principios de la democracia, ejemplo, la descalificación hacia el tema petrolero por parte de Videgaray y Peña Nieto toda vez que en voz de los mismos, la reforma energética es un tema técnico de la economía nacional, mientras que el mismo tema en voz de la oposición, se convierte en un arma mediática político-electoral, según su juicio. La doble moral y la decalificación desde el poder.

Sólo que se le olvida al señor Peña Nieto que las consultas son parte de la contienda político-electoral, por eso están en una ley y las lleva a cabo un órgano electoral. Y dado que este tema va a comenzar a tener trascendencia, me parece que el INE tiene que estar muy vigilante para limitar, en el marco de sus facultades, la actuación del Poder Ejecutivo.

Dicho proceso de vigilancia, deberá estar reforzado por los partidos políticos, ya que, como es el caso, el señor Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dice que es poco probable que la consulta sea constitucional y que el Ejecutivo va dar su opinión, al respecto, sólo debemos recordarle, institucionalmente, al señor Videgaray que la Ley de Consulta Popular establece reglas para la emisión de opiniones y le da a esta autoridad la facultad de controlar, vigilar y cuidar que eso sea en un ambiente de equidad. Esperemos que el INE esté a la altura de este reto.

Finalmente quiero remarcar que el proyecto de acuerdo de los lineamientos, si no está acompañado de herramientas que permitan vigilar y cuidar, fundado además en la LEGIPE, no tendrá el efecto deseado. Ya que el lineamiento en cuestión, se aprecia como una endeble herramienta que no trasciende al exhorto, cuando lo que se necesita es que garantice la efectividad del proceso.

En ese sentido, el reto que tiene esta autoridad electoral es grande, por eso vemos con escepticismo que los lineamientos sirvan para enmendar o corregir lo que desde el poder público siempre busca subvertir, que es: No introducir elementos de discordancia en el proceso democrático mexicano.

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¿Por qué MORENA?

Horacio Duarte Olivares

   Representante de MORENA ante el Consejo General del INE

 

MORENA llega aquí después de una odisea cívica, contamos con una gran militancia efectiva. Representamos a un sector de la sociedad organizada para luchar por el voto efectivo, por la democracia real y no sólo formal. MORENA es nuevo, porque el pueblo está ansioso de un cambio. Desde aquí les decimos a nuestros militantes y simpatizantes, que el esfuerzo ha valido la pena, seguiremos luchando con ahínco, con convicción republicana, a ellos nuestro reconocimiento. Los militantes de MORENA somos mujeres y hombres libres, patriotas y mexicanos con un gran sentido de responsabilidad y compromiso con el país. Cuando nos preguntan, por qué luchamos y por qué existe MORENA, la respuesta es simple: Luchamos por Justicia y por un Gobierno Honrado, así de simple, pero igualmente así de profundo y radical.

Frente a un país sumido en la apatía aparente, surge MORENA como un partido nacional y movilizado. Somos diferentes porque no somos parte del régimen, representamos la oposición real. No pactaremos, ni transaremos con la voluntad popular.

Creemos en la vía pacífica y democrática para cambiar el régimen de corrupción, estamos aquí, pero no somos ingenuos, desconfiamos de las instituciones electorales, porque surgen del acuerdo cupular. No juzgamos, sólo describimos.

Venimos para ser la gran fuerza política que le dé cause a la protesta, a la exigencia y la lucha por un México más justo. Con ustedes habrá trato respetuoso en el marco de la ley, nuestra crítica no es un tema personal, sino la concepción sobre el régimen y sus instituciones.

Informamos que habremos de cumplir con los mandatos de este Consejo General, sobre los cambios y adecuaciones a nuestros documentos básicos.

La reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 en materia energética y las leyes secundarias, son la legalización de la subasta del país, con ello se entrega la soberanía nacional. Se busca hacer el gran negocio a costa de la riqueza nacional. Es por ello que hemos convocado a una consulta popular, encabezados por nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador, con ésta acción haremos posible que los ciudadanos decidan sobre el tema, estamos sabedores del ánimo de la ciudadanía, somos mexicanos convencidos de que la gran mayoría del pueblo está en contra de la privatización del petróleo y la energía eléctrica. Defenderemos firma por firma, para llevar a cabo la consulta, esperamos que el INE esté a la altura del reto en la materia, no aceptaremos ni chanchullos, ni chicanadas para que el pueblo opine, a ustedes les pedimos que no regatear la democracia. Nosotros ya contamos con más de 1.6 millones de firmas, la combinación del número de ciudadanos que apoyan la consulta y la pregunta formulada en términos de la ley, son motivo suficiente para que ésta se lleve a cabo, estará en manos de ustedes y de la SCJN no escamotear este derecho.

La austeridad seguirá siendo nuestra bandera, la exigencia de bajar sueldos, bonos y privilegios es un tema de principios, pero con acción vamos a lograrlo, tarde que temprano, tendrá que haber funcionarios juaristas, que se ajusten a la “honrosa medianía que proporciona el servicio público”. El reciente intento de otorgar un bono de un millón de pesos a cada diputado federal, es una vergüenza nacional. La combinación de gobierno rico y pueblo pobre es algo que vamos a abolir. De la misma forma, seguiremos exigiendo que la clase política y los partidos les cuesten menos a los ciudadanos, la democracia si fuera efectiva, no tendría que ser onerosa, si hubiera instituciones confiables, no habría necesidad de tanto aparato. El financiamiento público debe bajar, para liberar recursos para programas sociales. La gran reforma política pendiente es la reforma en donde se cuenten bien los votos y no se compren.

El discurso de Peña Nieto en Palacio Nacional, al promulgar las llamadas reformas secundarias en materia energética, desnudó la realidad política, lo deja claro y además lo presume. El Pacto por México, es la mayor desvergüenza, es el cinismo de la cooptación política. Hoy en nuestro país gobierna el Partido del Pacto por México (PPM) con sus tres corrientes.

Sabemos que a la derecha les molesta el pensamiento de Juárez, Villa, Zapata y Cárdenas, piensan que habrán borrado su legado y pensamiento, se equivocan, en el 2015 con la consulta popular, los mexicanos pondremos en su lugar a esta pandilla de ladrones.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, como dijo él, no venía sólo a administrar, en eso tiene razón, vienen a vender al país, a entregar a sus cuates y las empresas extranjeras la riqueza nacional. La prisa es tanta que hoy habrá anuncios sobre la renta del petróleo.

Aquí estamos porque somos la Esperanza de México, confiamos en los ciudadanos, creemos en la capacidad del pueblo mexicano de levantar la voz y dar con su voto un nuevo cause al rumbo de México. Somos especialmente optimistas en lograr la gran hazaña de un México en donde “se modere la opulencia y la indigencia”. En fin, estamos aquí porque somos un Partido que cree y confía en el pueblo de México.

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Michoacán y crimen organizado.

Michoacán

Hoy la capacidad del Estado mexicano de hacer frente al crimen organizado está a prueba en Michoacán. En esa entidad federativa, se desarrolla uno de los episodios de la llamada guerra contra el narcotráfico, esa guerra tonta que inició Calderón sin medir sus consecuencias. Esa guerra que el actual gobierno federal, no nos ha dicho si continua o sólo se sacó de los medios de comunicación.

El fin de semana pasado, el crimen organizado perpetró una serie de atentados terroristas en contra de instalaciones de la CFE, dejando sin electricidad a miles de personas en dicho estado. Pero dejar sin servicio eléctrico, sólo es la expresión del mal mayor, el problema en sí es la falta absoluta de control por parte del Estado mexicano, no sólo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatal y municipales. La incapacidad de los tres ordenes de gobierno frente a la violencia desmedida y los ataques terroristas, es una manifestación de que algo está podrido en Michoacán.

En Michoacán se conjugan varios factores que hacen la vida institucional en dicho estado casi imposible, con un ingrediente de alta violencia, de poca seguridad y nula protección de las familias y sus bienes. La falta de un poder público estable, un constante cambio de estrategia de seguridad, la falta de garantías jurídicas para la inversión, el control por parte del crimen organizado de vastas regiones del estado, el surgimiento de policías comunitarias y grupos de autodefensa, así como el desmedido uso de la violencia en la lucha por el control de las actividades ilícitas, constituyen un coctel explosivo del que todavía no hemos visto su poder destructivo.

La situación se ha agravado con los recientes hechos terroristas, que el gobierno federal y estatal quieren minimizar llamándolos actos vandálicos. Se equivocan al querer aparentar una situación de tensión menor. No reconocer la realidad comúnmente conduce a los gobiernos a cometer más errores. En Michoacán se libra una batalla no sólo por ése estado, se lucha por hacer posible que en México florezca un verdadero Estado de Derecho, una sociedad con reglas y estímulos económicos que generen bienestar y desarrollo económico y social.

Podemos hablar que en Michoacán nos encontramos frente a un Estado fallido, porque ahí el gobierno es incapaz de controlar e imponer la paz por medio de la ley. Frente a las acusaciones de que muchos gobiernos municipales están comprados, coludidos o amenazados por el crimen organizado. Ante la evidencia de que el gobierno del estado ha dejado de hacer su tarea, como lo dijera el Gobernador Fausto Vallejo, o ante la sospecha de que el gobierno estatal está al servicio del crimen, es imperante preguntar que sigue para ésta entidad federativa.

La denuncia que hace el obispo de Apatzingán Miguel Patiño Velázquez, requeriría de una respuesta institucional fuerte y acertada. Las acusaciones son graves y no deberían dejar de investigarse. Pero resalta un tema en dicha carta, que es alentador y a su vez peligroso. El obispo señala que el surgimiento de las policías comunitarias y grupos de autodefensa han permitido el regreso de la paz y tranquilidad en los municipios donde surgieron, que dichos grupos de ciudadanos organizados han logrado la expulsión del crimen organizado. Eso suena bien y es muestra del valor de la organización ciudadana, pero es un pésimo mensaje para la construcción de un Estado de Derecho, porque demuestra que son los ciudadanos con sus propias manos e incluso con sus propias armas, los que sustituyen al Estado en su función de brindar seguridad y justicia expedita.

Desde mi punto de vista, es necesario que el Senado de la República analice ejercer la facultad establecida en el artículo 76 fracción V de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, que permite la declaración de la desaparición de poderes de un estado. Esta es una medida extrema, pero que busca con ello restablecer la paz y tranquilidad para Michoacán.

Reconocer que en Michoacán la función constitucional de los poderes no se desarrolla con normalidad, que es necesario dar paso a un acuerdo de todas las fuerzas políticas y los ciudadanos para enfrentar al crimen organizado, de nombrar a un gobernador capaz de tomar las riendas del poder político y coordinar todos los esfuerzos para combatir con estrategia y efectividad a la delincuencia. En Michoacán se necesita una persona que trascienda a los partidos políticos, que incluya a los ciudadanos, que dialogue y escuche la mayor cantidad de voces, que sea capaz de conjugar talento personal y liderazgo institucional, para que dicha sociedad pueda sacudirse del flagelo de la delincuencia. Con la ley en la mano, sin violentar las libertades fundamentales de los ciudadanos y erradicando la corrupción e impunidad es posible.

Se requiere con urgencia un gobierno que de garantías de normalidad democrática, para asegurar el bienestar de la personas, para brindar seguridad y pleno ejercicio de todas las libertades. El uso correcto y legítimo de la fuerza pública, con controles y apego a la ley es una fórmula que va a permitir combatir con éxito a la delincuencia.

Construir una sociedad con un verdadero Estado de Derecho, con pluralidad democrática, instituciones de control y vigilancia, y mecanismos para evitar la acumulación de poder económico o político es la receta para el desarrollo de un país. Esperamos que pronto Michoacán y México encuentren esa ruta.

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Despensitis y emergencia nacional

Uno de los grandes productos del corporativismo y el clientelismo electoral en nuestro país, es la cultura de la despensa. Desde el gobierno y los partidos políticos hemos pervertido la participación ciudadana, con el incentivo de otorgar una despensa.

Hoy frente a la emergencia derivado de la lluvias en nuestro país, lo primero que surge entre la gente es si se van a repartir despensas. El gobierno informa cuantas despensas se han entregado, como su gran acción. ¿Porque hemos llegado a ello?

La respuesta obvia es por la pobreza material. Sin embargo, habría que agregar que también por la pobreza política, por la falta de visión o desconocimiento de ciudadanos en la exigencia de sus derechos y la omisión de autoridades en el cumplimiento de su deber.

Ante la emergencia nacional que golpeo a la mitad de las entidades federativas, es lógico que la gente exija cosas para comer como primer impulso, incluso biológico, como necesidad humana básica. Sin embargo, debemos preguntarnos a que más tienen derecho los damnificados por las lluvias:

1.- De acuerdo al artículo 113 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los particulares tienen derecho a una indemnización económica, derivado de las actividades administrativas irregulares, por los daños ocasionados en bienes o derechos de las personas, esto lo conocemos como la responsabilidad patrimonial del Estado.

Es así, que una despensa si ayuda, pero en el caso de los damnificados, su derecho de exigir es más amplio. En el caso concreto, frente a la negligencia de los 3 ordenes de gobierno, se debe responder. No se trata sólo de llevar ayuda de la solidaridad de los mexicanos( que está bien, hay que darla), sino de que el Estado se haga responsable de las acciones y omisiones de sus funcionarios. El gobierno debe entender que no basta una disculpa o una cacería de brujas, se requiere pagar por los daños derivados de la negligencia. Por que hay evidencias suficientes, que sobre los huracanes Ingrid y Manuel se conocía su trayectoria y posibles efectos devastadores, se pudo evitar y accionar para prevenir a la población, sin embargo, no se actuó, se tuvo que llegar a cientos de muertos.

Estamos frente a la oportunidad de hacer exigible un derecho de los ciudadanos y el cumplimiento de una obligación constitucional de las autoridades. Creemos que no basta la entrega de la despensa o un vale de 10 mil pesos para enseres domésticos, el gobierno en sus tres ordenes, federal, estatal y municipal deberían estar calculando el monto de indemnización para la gente, no pensando en dar solamente un “apoyo”. Hay gente que lo perdió todo, por la negligencia de funcionarios de las áreas de la comisión nacional del agua, protección civil y prevención de desastres, por la irresponsabilidad de funcionarios que autorizaron establecer viviendas en zonas arroyos o humedales, es decir, hay un catálogo muy amplio de autoridades que son responsables de la tragedia y que frente a ello la respuesta constitucional es la indemnización a los particulares.

2.- La población afectada, tiene derecho a una reconstrucción de su entorno, de su vivienda, carreteras, caminos, plazas y en general toda la infraestructura dañada o destruida. una despena, no sustituye la reconstrucción de caminos o carreteras.

En el caso del estado de Guerrero, estamos frente a la oportunidad histórica de aprovechar la desgracia para una gran inversión pública en infraestructura, sobre todo en zonas tradicionalmente abandonadas como la Montaña, en donde la ayuda y las comunicaciones son tan deficientes que aún no se conoce la magnitud de la tragedia, lamentablemente con el paso de los días esa región no será noticia, será un estadística más.

La desgracia nos debería servir para que los partidos se despojen de esa subcultura de la despensa. Esa forma de hacer política en donde los ciudadanos, para exigir piden despensas y los dirigentes piensan que para ser “líderes” necesitan de regalar algo. Esa forma sólo trafica con el hambre del pueblo, hace ciudadanos dependientes y no genera incentivos para la participación ciudadana libre e informada, sino moviliza ciudadanos “motivados” por un bien de muy corto plazo. Esperemos que en la nueva reforma electoral que tanto se anuncia, se prohíba y se castigue con severidad ésta práctica perversa. México necesita ciudadanos libres, no sojuzgados por el hambre, ciudadanos que exijan sus derechos constitucionales, no ciudadanos condicionados a mitigar unos días su hambre. Las despensas como artículos de componendas políticas y tráfico de votos deberían ser ya una mala pesadilla en la construcción de la normalidad democrática.

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