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El significado de la esperanza mexiquense

Horacio Duarte Olivares

Presidente Estatal de MORENA Estado de México

En la historia de la humanidad, hombres osados han abrazado la esperanza como una forma de vida, incluso lograron plasmarla en la esfera pública, defendiendo grandes ideales para mejorar la situación de su tiempo, lucharon por los derechos de los menos favorecidos, denunciaron injusticias, pero sobre todo invitaron a la transformación del status quo buscando mejor vida para sus sociedades.
Hablar de esperanza implica concebir una mejor sociedad. Recuerdo la frase contundente de Martin Luther King en la marcha de Detroit el 23 de junio de 1963: “Si ayudo a uno sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”. O que decir del sueño exteriorizado un mes más tarde en “I have a dream”. Ambas ideas parte del momento definitorio en el Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos. Que garantizaría los principios de dignidad, respeto, libertad, igualdad, justicia, que su gobierno no les ofreció.
Hablar de esperanza significa emprender una lucha incansable. Como decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad “Quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres”. Y esta verdad se mira reflejada en los cientos de luchas diarias que defendemos los mexiquenses en cada municipio, por distintos motivos, en distintos sectores.

Abrir espacio a la esperanza requiere nuevas formas de vida. Una trasformación en los ámbitos público y privado. En el público, un gobierno que trabaje para el pueblo e instituciones que funcionen de acuerdo con las verdaderas necesidades de la entidad, aplicando los principios de gobernanza y gobernabilidad, donde concurran ciudadanos y gobierno a la toma de decisiones, donde pese lo mismo la voz de un humilde ciudadano, que el micrófono de un funcionario público. En el privado, una sociedad que conozca los valores de respeto, libertad, justicia, transparencia, igualdad, para todos, sin distinción, en cada familia, lugar de trabajo o escuela.
En este momento en que nos encontramos tan ávidos de justicia los mexiquenses, es necesario pensar en la posibilidad de la esperanza no como un sueño, sino instaurar en los 125 municipios una nueva sociedad mediante la lucha incansable con nuevas formas de vida.
Porque nuestros pueblos no pueden esperar más. El bienestar no se inventa, se trabaja. Porque la seguridad no garantizada desemboca en detrimento de la integridad de los mexiquenses. Porque la educación no debe quedar en ultimo plano. Porque nuestras mujeres no deben vivir en el infierno de la inseguridad, no puede haber una muerta más. Porque las leyes deben elaborarse pensando en los derechos de los pueblos indígenas, en la necesidad de atender las mayorías y proteger las minorías, en la urgencia de frenar la corrupción y lograr la transparencia. Porque en la democracia las libertades de expresión y opinión no se reprimen ni censuran.
Sin duda, las luchas sustentadas en la esperanza son el camino correcto para lograr la transformación que requiere cada sector poblacional, estas se dan a diario y deberán seguir. Abrazar la esperanza significa asumir la realidad, para construir mejores tiempos.

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Declaración barbarie*

Horacio Duarte Olivares

La semana pasada se difundió en varios medios oficialistas la visita de Eruviel Ávila Villegas a la ONU como portavoz de América Latina y el Caribe, con el objetivo dar a conocer un documento denominado Declaración Toluca, en el que pidió a la Asamblea implementar “acciones para el desarrollo económico, social y ambiental, mediante una agenda que permita respetar y promover los derechos humanos.”

El autor de la Ley Atenco se atrevió a hablar de derechos humanos y además pedirlos, cuando en el Estado de México permite represiones, desalojos arbitrarios, consiente feminicidios, legaliza la represión, censura la protesta social, se ensordece ante los homicidios, robos, permite la impunidad, etc.

Porque resulta muy cómodo ir al extranjero a decir mentiras, antes que salir a dar la cara en México por la mala salud del estado y la nula capacidad de su gobierno para dar respuesta. Pero las estadísticas nacionales declaran la barbarie que Eruviel inició y se enorgullece en acrecentar:

  1. Convirtió al Estado de México en la entidad más violenta. El Estado de México es la entidad donde se cometen más delitos de alto impacto, primer lugar en homicidios dolosos, 12 por ciento del total nacional, 5.8 homicidios dolosos diarios en promedio, 352 personas asesinadas en el primer bimestre de 2016. (Periódico Reforma, 25 de abril 2016).

  1. Protege las elites de poder y despoja a los menos favorecidos. Autorizó la expropiación etnocida y ecocida para abrirle paso a la empresa carretera de Grupo Higa, a costa del despojo violento de tierras y casas a la comunidad Otomí, violando la Constitución del Estado de México, la Ley de Derechos y Cultura Indígena, y los amparos 1117/2015 y 1123/2015 de los habitantes de Xochicuautla.

  1. Se configura como el gobernador represor. Diseño e instrumentó la aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México la “Ley Atenco”, que criminaliza protestas sociales, permitiendo la violación a los derechos humanos, pero facultando a la policía estatal y municipal para reprimir violentamente cuando consideren la ilegalidad de una protesta. Dando paso a los delitos cometidos por Enrique Peña Nieto en Atenco 2006.

  1. Omiso ante el asesinato de las mujeres mexiquenses. El Estado de México ocupa los primeros lugares en feminicidios. En julio de 2015 se decretó la alerta de género y pese a ello, los delitos de feminicidio aumentaron un 30 por ciento en lo que va del año 2016, sin que el gobierno haya logrado contener la violencia de género, hasta el día de hoy seguimos sin respuesta y sin acciones. (Periódico La Jornada, 22 de abril 2016).

  1. El sistema penitenciario quedó rebasado. Nuestro estado ocupa el primer lugar en sobresaturación penitenciaria con 26, 854 internos, cuando su capacidad es para 9,464 internos, es decir, una sobrepoblación del 30 por ciento en cárceles estatales. Esto implica condiciones de hacinamiento crítico en penales debido a la reincidencia de los reclusos, porque el sistema penitenciario no ha cumplido con el objetivo de lograr una reinserción social. (Periódico La Jornada, 22 de febrero de 2016).

  1. Liderazgo en robo de autos. Desde 2013 el Estado de México es la entidad con mayor incidencia en robo de vehículos con violencia. Y desde 2010 hasta el 2016 se han robado con violencia más de 142, 733 autos, es decir, más de 65 vehículos al día. (Periódico El Financiero, 22 de marzo 2016).

  1. Alimenta la impunidad en el Estado. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad en México 2016, el Estado de México se ubica en el segundo lugar de impunidad con 76 puntos de 100, ya que en la mayoría de los casos los delitos denunciados no concluyen en una sentencia para los responsables. (Periódico Reforma, 3 de febrero 2016).

  1. El gobierno de Eruviel extorsiona a miles de automovilistas y hace negocios corruptos. El negocio de las fotomultas operado mediante la empresa concesionaria Proyectos en Ingeniería, Seguridad y Abastecimiento, S.A de C.V (PISA), es propiedad del exgobernador Arturo Montiel Rojas, y funciona de manera irregular sumando hasta el mes de abril 2.5 millones de foto multas, lo cual deja ingresos mensuales por 18 millones de pesos al gobierno estatal y 9 millones al exgobernador. (Periódico Reforma 19 de abril 2016).

  1. Fomenta altos niveles de desempleo. La tasa de desocupación en el Estado de México es de 5.3 por ciento de su población económicamente activa en la desocupación total, solo por debajo de la Ciudad de México y Tabasco. (Periódico Reforma, 30 de marzo 2016).

  1. Se configura como la tierra de los linchamientos. Producto de la tensión social y la inseguridad, al no tener resultados en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, a la cabeza se encuentra el municipio de Ecatepec.

Estos son algunos de las problemáticas en las que ha sumido al estado el gobierno de Eruviel Ávila, no se reportan mejoras al estado, los grupos de poder lo han hundido en la corrupción más cínica de los últimos tiempos, le han arrebatado a los mexiquenses la confianza, la paz, y a las nuevas generaciones quieren negarles la posibilidad de una mejor vida.

¿Qué hace Eruviel Ávila dando exhortos en la ONU? Está declarando su incapacidad para evitar y resolver la peor crisis de derechos humanos en el Estado de México.

*Publicado originalmente en: http://www.alfadiario.com.mx/articulo/2016-05-03/65050/declaracion-barbarie

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La Ley Atenco: Medalla al Autoritarismo*

Horacio Duarte Olivares
Presidente Estatal de MORENA Estado de Méxicoimage

En el Estado de México conceptos como seguridad, paz, tranquilidad, justicia, derechos humanos, no se dan de manera genuina, existen en el papel y en los discursos oficiales, pero nada más. Así que las medallas por calidad humana, trayectoria profesional, apoyo, compromiso por el bien común, vocación de servicio, justicia, legalidad, no dicen nada, sólo indignan y avergüenzan.
La exposición de motivos de la recién aprobada Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, se intenta justificar en temas como: la protección, respeto a la vida, la integridad física, derechos humanos, mantener el Estado de Derecho, salvaguardar el orden, la paz pública y prevenir delitos. Lo de siempre. Palabras y más palabras.
Pero su objeto real es anular, menoscabar derechos y libertades. Integrada por reglas incompletas, artículos cuya redacción deja en secreto la aplicación del “orden público”, ausencia de controles, omisiones jurídicas, así como una gran discrecionalidad a favor de los elementos de seguridad pública.
En un régimen sustentado en la fuerza, la democracia está proscrita, por tres razones: la personalización del centro del poder, la búsqueda del control, la primacía de la colectividad sobre el individuo. Esto es manifiesto en la Ley Atenco por lo siguiente:
1) La personalización del centro del poder: se proyecta en la aprobación de la Ley Atenco por una mayoría abrumadora constituida por el PRI, PVEM, PRD, PAN, que sin reparar en la inconstitucionalidad de la Ley, privilegiaron las negociaciones políticas antes que la protección de los derechos humanos consagrados en la constitución federal. Al parecer, el texto del artículo 1 constitucional reformado en 2011 de nada sirvió para garantizar los derechos humanos de los mexiquenses. En dicha norma constitucional se lee “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
2) La búsqueda del control: el artículo 12 condena y prohíbe la resistencia pasiva. El artículo 14 permite el uso de la fuerza pública contra manifestaciones, multitudes, sin que exista fundamento constitucional para ello. Siendo desastroso lo dispuesto en el artículo 16, el poder calificar como ilegal una asamblea o manifestación y romper el vínculo de Mando Superior al dejar que el elemento operativo sea el responsable de la calificación de ilegalidad o no de una operación. Además, de acuerdo con el artículo 15 se podrá considerar una asamblea o reunión como ilegal, cuando se expresen “amenazas” hacia la autoridad.
3) La primacía de la colectividad sobre el individuo: en la búsqueda de coartar los derechos de libertad de reunión y expresión se han dejado en el olvido los supuestos por los cuales se lleva a cabo una detención. Se omite señalar que el uso de la fuerza debe presentarse de manera excepcional y limitada, como último recurso, orientada a garantizar condición para la convivencia y la seguridad ciudadana. El artículo 17 propone sutilmente las labores de espionaje e infiltración por parte de los cuerpos policiacos hacia los ciudadanos que ejerzan sus derechos de asociación y reunión. Por otro lado el artículo 23 valida la arbitrariedad permitiendo los desalojos, lanzamientos, embargos, sin acatar el debido proceso de parte de los afectados.
Si las normas de la Ley Atenco resultan inviables y afectadas por inconstitucionalidad, su aplicación bajo la discrecionalidad, puede ser fatal. Casos como Atenco en 2006 o Tlatlaya en 2014, recuerdan que la gobernabilidad de un estado es inexistente cuando el gobierno basa su actuación en la coacción y la violación del orden constitucional.
Esta Ley olvida incluir técnicas de solución pacífica de conflictos, deja de lado la participación de la sociedad en la supervisión del uso de la fuerza para la seguridad pública, no determina sanciones administrativas, civiles o penales, para el mando o elementos que incumplan con la obligación de denunciar exceso o uso ilegitimo de la fuerza ante la autoridad competente, no hay responsabilidad para mandos superiores y señala que sólo los mandos operativos tienen responsabilidad, dando lugar a la búsqueda de chivos expiatorios. ¿Dónde queda la responsabilidad de los mandos superiores? Frente a una acción represiva como en Atenco, ¿quién asumirá la responsabilidad política y quien podría ser juzgado por una acción represiva como esa? Dicha ley, busca eximir cualquier responsabilidad el gobierno en turno y delegar en los elementos de seguridad pública. La fórmula es maquiavélica: Gobernador y Presidentes Municipales sin responsabilidad, pero policías rasos responsables. Impunidad arriba, sancionados abajo.
En un escenario así, se reafirma la orfandad de derechos humanos, la mordaza en la boca, las ataduras de pies y manos a los ciudadanos. Por estas razones, Morena ha solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos que haga valer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la defensa de los derechos humanos de los mexiquenses, a través de la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad en términos del artículo 105 fracción II inciso g) de la Constitución Federal.
Es vergonzoso que pese al rechazo a esta ley desde los distintos sectores sociales, el gobernador Eruviel Ávila Villegas abrigue su obra y se escude en una opinión que pedirá a la CNDH para “suavizarla”. Por el bienestar de los mexiquenses y la preservación de la democracia, debe declararse la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Atenco”. No más medallas al autoritarismo.

*Publicado originalmente en Marcaje Legislativo. marcajelegislativo.info

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